César Ramírez

@caralvasalvador

Ahora se encuentran en la Alcaldía de Zacatecoluca indicadores de ilícitos en los trabajadores de ese gobierno municipal, así lo señala la Fiscalía General de la República, dentro de sus procedimientos normales con sus atribuciones institucionales, con hallazgos de irregularidades en varios niveles: orden de captura contra trece personas entre ellas cinco miembros del Cuerpo de Agentes Municipales de dicha localidad, delitos para favorecer organizaciones terroristas etc., posterior a una investigación se vincula a los detenidos con pandilleros de la 18 revolucionarios. Según la FGR las órdenes de captura se deben a ilícitos con apoyo a estructuras ilegales por la entrega de: uniformes, munición, transporte y hasta plazas del CAM… nota 21JUN016 H 14:38; ahora la filiación política pertenece al FMLN, hace unas semanas era del partido ARENA, mañana podría ser un tercero, pero el fenómeno en estas circunstancia parece ser el mismo y el desafío para la FGR es demostrar todas las irregularidades cometidas.

La lectura serena de estos acontecimientos es simple, la penetración de estructuras criminales en el orden institucional indica la vulneración de todo nuestro sistema legal, deja al descubierto un complejo sistema invasivo similar a un cáncer que destruye el marco de las relaciones jurídicas nacionales, puesto que la legalidad en sus múltiples expresiones deja de ser creíble y confiable: desde las actas de nacimiento, los matrimonios, defunciones, propiedades, terrenos municipales etc. se incrementa la desconfianza política que avanza como sombra sobre la ciudadanía, es una siembra intelectual de temor contra el personal y ediles de algunas municipalidades.

Si las acusaciones son exactas, la justicia debe cumplirse, la Ley no debe permitir ninguna excepción.

En otros artículos en los cuales el partido ARENA ha sido mencionado, la ciudadanía ha solicitado el pronunciamiento de sus miembros e institución sobre tal o cual caso, éste procedimiento les permitiría no figurar como cómplices del ilícito, ahora es un deber del FMLN o sus miembros pronunciarse sobre tan emblemático caso (21JUN016).

La justicia debe cumplirse, en circunstancias como la mencionada la ley es el fiel de la balanza, caso por caso y persona por persona.

En estas circunstancias “y las que faltan”, debemos preguntarnos: sí (éstas concesiones al crimen organizado) son una práctica individual o un mandato partidario, es una desviación personal, es una licencia de co-gobernación o la permisividad para la operación de estructuras ilegales dentro del marco jurídico nacional, etc., lo cual nos conducirá inevitablemente a la destrucción del tejido social nacional, de ser así ya no distinguiremos lo ilegal de lo legal, nada será creíble bajo estos esquemas de penetración en los gobiernos municipales.

En México por ejemplo, los incidentes de la matanza en Ayotzinapa señalan que los estudiantes fueron confundidos con estructuras rivales del gobierno municipal de esa región, lo cual derivó en su posterior asesinato, nosotros no estaríamos entonces lejos de estas acciones confundiendo a ciudadanos con potenciales rivales de una pandilla u otra, si desde la gobernación municipal se apoya a una u otra estructura criminal, el resultado será un desastre social, una pérdida de la gobernabilidad, territorios, sistema de la propiedad privada y en general el principio del fin del municipalismo con todas sus implicaciones.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Escuchando a los exponentes defensores del sistema privado de pensiones, con sus afirmaciones extremistas sobre la quiebra inminente del Estado, su incumplimiento de pago, la degradación del sistema de IPSFA etc. y sobre sus soluciones celestiales para éste problema, la pregunta que surge es: ¿Cómo se originó esta condición económica? ¿Cuál fue la causa de su implementación? ¿Acaso no se previó la actual realidad del sistema de pensiones?... en realidad vivimos una planificación del desastre del sistema de pensiones, así fue diseñado por las fuerzas que ahora proclaman soluciones extremas; todo este esquema fue elaborado, diseñado e implementado durante los gobiernos de la derecha allá por 1998, su objetivo final no era el beneficio de los trabajadores sino los capitales de inversión y riesgo, los cuales son Sociedades Anónimas de Capital Variable o Inversionistas multinacionales que se reparten los beneficios de los capitales de los trabajadores, con dividendos a discreción de sus juntas directivas. Las actuales leyes del sistema fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, en ese caso considerando a sus arquitectos legales, los cuales son coautores de la realidad que vivimos, deben en todo caso ser parte de la solución y no excluirse con discursos políticos.

El problema de fondo es una solución política, una solución nacional no partidaria.

Si la asociación entre sistema de pensiones y sistema fiscal es un componente, también debemos recordar que la dolarización es un producto planificado y estructurado por gobiernos de derecha, de tal forma que el pasado nos atrapa en el presente con problemas que golpean a todos sin excepciones.

Al escuchar a los profetas de las catástrofes se autoexcluyen del problema, con un discurso exculpatorio en todo sentido, debemos recordar que en su momento la reforma de pensiones no incluyó a todos los trabajadores ¿por qué?... los excluidos del modelo de sistema de pensiones privadas son ahora los que tienen problemas, ¿qué pueden hacer ellos por cambiar esa realidad?.

Existe en todo caso acciones perversas en nuestro sistema privado de empleo, que implica a las pensiones y al sistema fiscal, por ejemplo: contratar personas por “servicios profesionales”, bajo ese sistema se niega a los trabajadores: “Pensión, ISSS, Antigüedad, Ascenso, beneficios de bonos etc.” y muchas personas aceptan ese modelo por la precariedad económica, de igual forma acontece con otro esquema denominado: “interinatos”, “trabajos por temporadas” etc. una serie de artificios no regulados pero tolerados por muchos, pero esencialmente son promovidos por el Sector Privado, el resultado es simple, evadir impuestos, no financiar al Estado, eliminar derechos de los trabajadores como licencias de maternidad, accidentes de trabajo, incapacidades laborales etc. ¿Nuestra constitución permite eso? ¿Existen diferencia sobre el artículo 1 Constitucional: Inc 2.. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social?. De tal forma el artículo 2 Constitucional: Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad del trabajo…. Etc. Al final, el trabajo otorga el derecho, de tal forma la división artificial entre el sistema estatal o privado de pensiones es virtual, debe resolverse como nación, en función social que solo beneficiará a las futuras generaciones. Una solución política es posible.

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César Ramírez

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El Golpe de Estado “desarmado”, porque no tiene nada de “suave” es un mazazo a la democracia constitucional, que bajo interpretaciones de funcionarios de segundo grado provocan el desequilibrio de gobernabilidad de los funcionarios electos en procesos democráticos, así la historia demuestra que Manuel Zelaya presidente electo es acusado de un acto irregular calificado de Golpe de Estado en 2009, “ocurrió el 28 de junio de ese año tras varios meses de crisis política entre los poderes de la República, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y la Corte Suprema de Justicia, sobre la legalidad de una Cuarta Urna, para votar un referéndum y cambiar la constitución por medio de una Asamblea Constituyente. Los opositores a Zelaya afirmaban que buscaba con esta modificación a la constitución su reelección, aunque Zelaya lo negó” –Wikipedia- el resultado es conocido, pero la fragilidad de la interpretación constitucional demuestra que las elecciones no son sagradas, la voluntad popular expresada en las urnas puede ser pisoteada por terceras personas en cualquier momento de un período gubernamental. El caso de Fernando Lugo en Paraguay en 2012, es un proceso parlamentario que promovió un juicio político “exprés” contra el presidente constitucional electo en el año 2008, por mal desempeño en sus funciones acusándole de: “responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty, departamento de Canindeyú, con un saldo de diecisiete muertos. Posteriormente, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes sobre un total de 125 congresistas decidió destituirlo de su cargo” – Wikipedia – existieron faltas al debido proceso, no se presentaron pruebas reales, inventaron acusaciones falsas etc. y la celeridad del juicio fue de 48 horas…

En Brasil la presidenta Dilma Roussef (2015-2018) fue acusada por violar normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal, pero ella ha negado su responsabilidad en esos actos; el Congreso de esa nación decidió (12MAY016) su destitución por 180 días asumiendo el vicepresidente, luego de los cuales si dos tercios ratifican su decisión Roussef será apartada definitivamente. La lectura es clara, los procesos electorales que expresan la voluntad popular no son definitivos, pueden ser revocados por interpretaciones jurídicas del Congreso o por funcionarios electos de segundo grado, es una realidad del siglo XXI, casi una coincidencia programada o un nuevo procedimiento para “derrocar” los gobiernos democráticamente electos para aplastar la voluntad de las mayorías.

En El Salvador el escenario podría ser: “impugnación del proceso electoral presidencial del año 2014-2019 con el trillado argumento que fue ilegal”, “procesos viciados en el proceso electoral por uso de DUI”, “Invocación del art. 155 en defecto del presidente de la República por muerte, renuncia, remoción y otra causa...” que al final como lo demuestra la historia reciente de los Golpes de Estado “desarmados”, “parlamentarios” “senatoriales” etc. son producto de argucias e inventos que la simple aritmética opositora destituye a los gobernantes legítimamente electos y burlan la voluntad popular, muy parecido al robo o secuestro de la democracia por conspiraciones derechistas. Paraguay, Honduras, Brasil, El Salvador ¿por qué no?; si no existe el delito es más fácil fabricarlo, sino hay guerra se debe provocarla, aunque se legal un procedimiento el vulgo debe interpretarlo como inconstitucional…

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fotografía: La Bodeguita del medio la Habana Cuba, Marzo 2016

César Ramírez

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La policía es un instrumento cercano a los ciudadanos, es el primer instrumento histórico de seguridad ciudadana, no es casualidad que su conformación sea universal, incluso en agrupaciones religiosas que poseen mecanismos policiales de vigilancia en sus miembros con otros nombres.

Considerar a la policía como una extensión ciudadana, aliada, amiga o “confiable” para la población no ha sido un camino fácil para nuestra sociedad que tiene un historial de autoritarismo, represión, injusticia etc., en cierto sentido la policía tiene una carga negativa porque ha sido la primera línea de choque contra los opositores políticos, su papel en el siglo pasado es ingrato; no obstante a partir del Acuerdo de Paz, su imagen e institucionalidad ha crecido en forma notable, su significativa contribución en una sociedad que avanza en el modelo democrático ha sido cambiar aquél recuerdo pésimo de historias de torturas contra jóvenes universitarios, profesores, médicos, trabajadores, etc. hacia una “nueva policía amiga”.

A partir del Acuerdo de Paz la visión de nación ha cambiado a paso lento, al igual que sus instituciones que no están a la altura de los grandes acontecimientos ante los nuevos enemigos de la población, si antes era la falta de libertad política, ahora es el conflicto entre grupos antisistema en alianzas con las fuerzas de derecha, una perversa condición que provoca mucho daño en vidas de inocentes, porque existe la diabólica decisión de profundizar la crisis nacional en todo sentido, incluyendo la aprobación del presupuesto nacional para la seguridad ciudadana, bajo el criterio de “ganar votos” como si la vida se redujera a un evento electoral, es una verdadera miseria política; según su criterio (de derechas) ayudar al progreso de la nación es “ayudar a la izquierda”, lo cual provoca declaraciones, demandas o posiciones irreconciliables, es un obsesión absurda.

Este infantil razonamiento, provoca que en muchos casos a la Policía se le considere nuevamente como una fuerza represiva en lugar de la primera línea de combate contra los antisistema mejor conocidos como “maras”, además son calificados jurídicamente de “TERRORISTAS”; pero es necesario valorar que nuestra sociedad no puede dividirse eternamente entre izquierda o derecha, es urgente superar ese pensamiento, donde la policía representa la voluntad del pueblo, no la intransigencia de los políticos. Es obligatorio que la voluntad popular se refleje en un decidido apoyo hacia la función de la Policía Nacional Civil tanto con pronunciamientos, como su reconocimiento en la Policía Comunitaria, es provechosa la denuncia de los terroristas, superar el miedo, pero sobre todo abandonar un color político porque la Policía nos defiende bajo una sola bandera.

La policía nacional, el ejército y sus instituciones deben considerarse como una plataforma de defensa en los intereses ciudadanos, abandonando posiciones ideológicas porque el Estado y sus instituciones no pertenecen a ningún partido político, a lo sumo los partidos políticos deben considerarse una expresión de comunicación con el Gobierno, pero no deben considerarse un instrumento de perpetuidad para el Gobierno; así al apoyar a la policía cumplimos la vocación constitucional hacia una República Democrática, por lo tanto es un proyecto en construcción solidaria entre la nueva policía y los ciudadanos.

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La última cena de la reconciliación. César Menéndez. Cuadro censurado

César Ramírez

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Desde la antigua Griega se reseñó la influencia de los motivos económicos sobre la determinación política, incluso Platón se pronunció contra la extrema riqueza (de algunos ciudadanos) para propiciar la unidad del Estado en la clase gobernante. No obstante en nuestra nación la ANEP debería constituirse en un Partido Político, así podría expresar toda su doctrina, programa, acción social, orgánica, afiliar a correligionarios y defender su ideología, sin necesidad recurrir a una posición vergonzante, negando su filiación a una institución de derechas. Si ANEP se constituye como partido político podría llamarse el Partido del Sector privado, lo cual es genuino, categórico, además representativo de sus intereses dinerarios; así como existe el partidos de los trabajadores, revolucionario, comunista, ciudadano, cristiano, popular etc. de igual manera el gran capital debe identificarse con sus objetivos básicos, firmando sus documentos y administrando sus programas de mediano y largo plazo, pero al proclamar una bandera de Sector Privado e incluir a todo el modelo capitalista como su territorio es un grave error de concepción, puesto que existen tesis que no son compartidas por todos los medios privados por ejemplo:

La evasión de impuestos, el espectro de la radiodifusión y telecomunicaciones, las pensiones, la seguridad nacional, el diálogo nacional, agricultura, la corrupción en el municipalismo, la información mediática, etc., tesis antagónicas de la administración gubernamental, pero que se han prolongado por seis años y según parece continuarán otros años más.

El sector privado debe comprender que en la nación no puede existir con una “Provincia del Sector Privado”, ni un “municipio de la empresa privada”, ni siquiera un “gobierno de

Empresa privada”, etc. puesto que el precepto griego: “la extrema riqueza (de algunos) es incompatible con los intereses del Estado” continúa vigente en estos tiempos.

Si ANEP fuese un Partido Político su acción opositora a los proyectos de la nación sería comprensible, pero como gremio defiende sus intereses y niega los objetivos del pueblo y los trabajadores.

Nuestra nación no es pobre económicamente, la muestra de ello son las famosas offshore de Panamá, donde destacan varios cientos de empresas que evaden impuestos, declaran pérdidas financieras, trasladan capitales etc. pero el resultado es negativo para el Estado y la sociedad que termina perdiendo sus capitales, mientras unos cuantos acumulan todas las ganancias mal habidas, ¿esa es una acción gremial o individual?

Si ANEP se convierte en Partido Político su misión fundacional sería generar capital no confundiría al Estado como enemigo, contribuiría a fomentar la competencia del mercado y favorecería la apertura contra los monopolios, oligopolios, estancos o confabulaciones por capitales emergentes, trataría de dialogar con todos los sectores, porque es necesario aumentar el salario real de los trabajadores para incrementar la demanda de servicios y consumo, promovería la inversión pública y privada en lo social e internacional, finalmente elevaría la competitividad laboral; estos factores nos unirían como nación y separarían los factores ideológicos de los problemas que enfrentamos a diario. Si la ANEP persevera en su confrontación contra la Nación conformar su Partido Político es lo mejor para todos, al menos en la democracia es posible. www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

Las reformas constitucionales deben realizarse ahora.

Las respuestas internacionales a las acciones terroristas esta caracterizado por las leyes universales, recordemos: Francia, Estados Unidos, Rusia, Colombia, México etc., el Estado y la Sociedad Civil salvadoreña necesita acción inmediata.

La Ley debe preceder las acciones políticas, excepto cuando no funciona la institucionalidad, entonces hablamos de Revolución, ejemplarmente las Revoluciones actúan de hecho no de derecho, la Revolución hace las leyes no a la inversa, en nuestro caso lejos de un acontecimiento de esa naturaleza, parece que no existen leyes “adecuadas” para defender a los ciudadanos.

Sectores antisistema intentan aislar al Estado en su lucha contra el terrorismo, orientando a la opinión pública hacia una imagen negativa en todo, pero se olvidan de proponer soluciones… el horroroso caso del día 3 de marzo cuando fueron asesinados once trabajadores pretende provocar pavor. Ese acto terrorista nos llama a la unidad nacional, pero algunos sectores interesados llaman a la división nacional, es una actitud perversa que repite: “divide y vencerás” cuando en realidad debe ser: “unidos venceremos al terrorismo”.

¿A quién conviene el terrorismo? ¿Quiénes patrocinan estas organizaciones? ¿Es un proyecto político para presionar a las instituciones? Etc. en realidad se pretende aislar al Estado y sus instituciones, bajo el esquema que el sistema judicial no funciona, las leyes tampoco, la civilidad está agotada, no se puede creer en nada, ni existe nadie en quién confiar, una estrategia muy simple, porque pretenden disminuir la gobernabilidad, es un sabotaje y favorece al terrorismos contra nuestro modelo cultural.

El objetivo de nuestra sociedad debe ser la coincidencia en la democracia y no en el totalitarismo, se trata de abrir entendimientos con las leyes de la república en nuestra fragmentada sociedad civil, de unirnos contra enemigos comunes: narcotráfico, crimen organizado, terroristas, etc. nuestro objetivo es la justicia en democracia.

Si nos oponemos al terrorismo y sus acciones de violencia indiscriminada, se debe reformar en el menor tiempo posible la Constitución de la República, puesto que las viejas normas no contemplaban el fenómeno que amenaza a nuestras instituciones, se trata de salvar a la República no de salvar el discurso político de los poderosos sectores desestabilizadores.

El máximo desafío en este momento no llega de los terroristas, llega de la necesidad de derrotar la fragmentación nacional, se deben derrotar las tesis reaccionarias que a toda costa desean cumplir su perversa divisa: “divide y vencerás”, y la mejor respuesta es: la unidad nacional ante el terrorismo y todos sus aliados… se trata de modernizar la justicia, la constitución, de adoptar acciones audaces en este momento de crisis, acciones en el modelo de comunicaciones, acciones materiales contra los delincuentes; sino se actúa con sagacidad, con imaginación y voluntad de toda la clase política, incluyendo a los sectores económicamente poderosos, se favorecerá a los gatilleros que no tienen patria, ni moral, ni son ciudadanos, ni personas, porque ellos tienen por objetivo arruinar nuestra democracia y todos perderemos.

Aislar al Estado e intentar quebrarlo económicamente también son acciones antisistema. Nuestra mejor respuesta debe ser la Unidad Nacional contra el terrorismo.

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César Ramírez

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Escuchando la brillante declaración del Ministro de Hacienda Carlos Cáceres en una reciente entrevista, reparé sobre el amparo constitucional sobre los intereses de las pensiones, el cual ha sido objeto de una serie de rangos de percentiles que significan nada menos que $50 millones por cada elevación porcentual, lo cual significa un “ajuste económico” por decretos legislativos o fallos jurídicos (en la Sala Constitucional) sobre una determinación económica.

Aquellas palabras recuerdan otros intereses que podrían “determinarse” de la misma manera, entre ellas: tarjetas de crédito, todo tipo de préstamos bancarios, en general todo mecanismo del sistema financiero a fin de cuentas es lo mismo, capital e intereses, así funciona el sistema capitalista nacional e internacional.

En mi opinión un amparo constitucional sobre todo tipo de interés financiero debe ejecutarse en forma similar al movimiento que se desarrolla sobre el interés de las pensiones, ¿porque los intereses de las tarjetas de crédito no son discutidos en público? ni en Asamblea, tampoco son motivo de campañas publicitarias, o instrumentalizados políticamente; simplemente el tarjetahabiente recibe en una fecha del mes un aumento de cobros especificados más o menos así: manejo bancario, uso de tarjeta, membresía, trámites on line, intereses –no especificados- etc. los cuales debe pagar y sin discusión. Según nota de prensa de La Asamblea Legislativa del 27 de enero de 2016: entre los años 2010 y 2015, se recibieron 1,678 denuncias y 10 avisos de infracción relacionados con tarjetas de crédito; hasta la fecha, precisó, el 76.34% de denuncias recibidas ya se resolvió a través de medios alternos de solución (avenimiento y conciliación) y sólo un 14.78% de las denuncias están en proceso de trámite en el Tribunal Sancionador. “Se ha recuperado un total de $548,731.75, en denuncias resueltas a favor de los consumidores”… “Asimismo, consideró que es necesario establecer la facultad al Banco Central de Reserva (BCR), para que pueda exigir la información de las operaciones crediticias al universo de entes económicos, para contar con mayor información sobre las tasas máximas de intereses anuales que se aplican en el mercado”.

Si hablamos de tarjetas de crédito, usualmente hablamos de personas responsables (quienes no pagan son las excepciones), al igual que las pensiones, todos los trabajadores depositan (o remiten) sus ahorros a una cuenta mes a mes (excepto los desempleados), pero ¿acaso no es el mismo caso? Dinero e intereses, bancos-AFP y trabajadores, créditos (activos) y capital, de tal forma que regular los intereses de una y otra forma no debe ser excluyente.

El acceso a información o gestión sobre los intereses del capital, debe ser tratado sobre “realidades” y no por “intereses políticos o financieros”, hablamos entonces de lo posible, ni abusos del cobro de intereses, ni manejo político sobre la economía, puesto que tal acción apertura un precedente jurídico contra todo el sistema financiero.

Es necesario entonces hablar de protección a los usuarios-trabajadores y responsabilidad del sistema financiero y AFP, si el sistema está en crisis, concretamente en financiamientos negativos que no ayudan al desarrollo nacional, las soluciones deben concluir en la racionalidad, de tal forma que acercar posiciones sobre el tratamiento al problema de las pensiones y los intereses bancarios no debe confundirse con proclamas para “ahogar económicamente al Estado”, ese es un argumento miserable que castiga a todo el pueblo. Bajo ese criterio los intereses del sistema financiero también son inconstitucionales e injustos.

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