César Ramírez

@caralvasalvador

En el momento que la Sala Constitucional califica a estos grupos delincuenciales bajo ese concepto, la ciudadanía aplaude esta resolución, a pesar que llega con mucho retraso,  pero abre las puertas para nuevas reformas que dignificarán la lucha contra estos organismos antisistema. Durante años el pueblo ha soportado: la impunidad, el sigilo, la ventaja contra ciudadanos indefensos, etc.,  configurando la imagen de complacencia tanto de la justicia como de las máximas autoridades constitucionales. Antes de esta conceptualización estos sujetos se han burlado de la sociedad salvadoreña, han pisoteado los sentimientos de los familiares de policías, soldados, maestros, estudiantes, abogados, jueces, profesionales etc.,  con tal desprecio que el retardo de su calificación involuntariamente construyó un refugio para estos delincuentes.

Los terroristas no sustentan los valores del Estado Social y Democrático de Derecho como son: la libertad, justicia, mucho menos el valor de la dignidad. Su objetivo constante ha sido destruir la Seguridad Nacional, además combaten: la tolerancia o la igualdad puesto que en conjunto buscan crear la pérdida de la paz social. Sus acciones han coincidido decididamente con movimientos desestabilizadores en todo nivel, incluso recién se anuncia que han pretendido atentar contra la vida del Fiscal General de la República, es un atropello a la comunidad-legal de nuestra sociedad; han fundado con su violencia el “no-derecho” condición que les ha llevado por su propia historia al nivel de “no-personas”, una estatus extremo que en su nueva realidad de terroristas significa que son visibles para la justicia nacional e internacional, además pierden toda condición jurídica: “no se presumen inocentes”, “no tienen ningún fundamento legal”, “no tienen derecho a ningún proceso justo”, “su vida es una declaración en su contra”, etc., ningún Estado puede tratar con sus enemigos porque eso significa a corto plazo un suicidio, en general son fuente de peligro; estos conceptos han sido expuestos por académicos como Guillermo Portilla Contreras, experto en Derecho Penal,  en su artículo: “terroristas como no-personas del Derecho”.

En nuestra realidad las actividades de los terroristas están fuera del Marco Constitucional, acción visible durante muchos años, deberíamos preguntarnos ¿por qué se demoró tanto esta resolución?  El ejemplo para las siguientes acciones es una brecha inaugurada por otras naciones que sufren este flagelo: ¿cómo tratan otros pueblos a quienes atentan contra sus ciudadanos, policías, soldados, profesores, niños o niñas?...  Una condición me parece justa a partir de este momento, todo es legítimo para la defensa del Estado y la sociedad, mientras que para los grupos terroristas nada puede ampararles, se han esforzado tanto para esta caracterización que solo sus voceros o apologistas tan terroristas como ellos podrán defenderles.

En algunas de sus reflexiones el profesor Portillo Contreras, anotó: “no se trata de la creación de un orden de derecho, sino de mantener un orden” puesto que no se trabaja con personas sino con enemigos peligrosos. Quizás la única puerta abierta que les queda a los terroristas es abandonar su estilo de vida, pagar sus penas y aceptar el orden de la democracia.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Si tomamos como ejemplo las acciones efectivas de otras naciones, quizás aplaudiríamos sus procedimientos ante la ofensiva de estas fuerzas irregulares organizadas en las denominadas maras, para el mundo occidental es completamente normal que una fuerza SEAL (USA) o AFEUR (Colombia) actúen en defensa de sus ciudadanos y también vele por sus intereses, no existe un partido en esas naciones que nieguen fondos para la defensa de su nación, ni una Sala Constitucional que bloquee los empréstitos para el aumento de salarios a policías o soldados, allá parece que la justicia protege a los soldados, mientras acá nuestro modelo de justicia protege a los terroristas. ¿Acaso no sabemos dónde están los antisociales?... claro que sí.

Los terroristas pueden clasificarse entre los que halan el gatillo y los que planifican las acciones depredadoras contra el pueblo, ¿acaso es coincidencia que los empresarios alineados al capital oligárquico decretaran un paro unilateral? Mientras en las calles asesinan a media docena de trabajadores del transporte público independiente; que horroroso evento, si no es complicidad es chantaje contra el Estado. Mientras el partido pro-oligárquico hace coincidir sus maniobras desestabilizadoras para demostrar su “fuerza” al llamar a negociar, construye una alianza entre: oligarquía y terroristas; como si esto fuera poco, un pequeño grupo de soldados en una acción sin precedente desfila unas cuadras solicitando: ¡aumento salarial!, solo falta que soliciten a la Sala Constitucional su derecho a un sindicato de soldados pro-oligarquía dentro de la Fuerza Armada, ese acto no solo quiebra la línea de mando sino que se comete el delito de sedición.  

“El golpe de estado desarmado” está en pleno desarrollo, se unen: las fuerzas legales e ilegales, ARENA con sus bloqueos en la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional negando empréstitos para contener a los terroristas, mientras los sicarios ejecutan las ordenes de sus amos políticos, confabulados además en la línea de empresarios y sus aliados pro-oligárquicos que solo desean recuperar su finca para continuar sus robos al Estado.

La muerte de media docena de inocentes transportistas es un acto terrorista, también lo son todos aquellos que se oponen al Estado Salvadoreño, lo son todos aquellos y aquellas que celebran las muertes de esos valientes trabajadores bajo un argumento político, el asesinato de los transportistas es una acción cobarde, desesperada, con violencia irracional e indiscriminada que provocará tarde o temprano reacciones indescriptibles contra otros inocentes. El partido ARENA no quiere aceptar al gobierno legítimo y constitucional de Sánchez Cerén, no quiere cambiar su modelo oligárquico y sus corruptelas:  peculado, robos, fraudes, nepotismo, etc., son ellos los culpables de la violencia, porque durante décadas no hicieron nada por evitar el baño de sangre actual, porque violencia es robo, ¿no recuerdan los millones perdidos por una directora del ISSS señalado por la Corte de Cuentas?, esos documentos se extraviaron y su tiempo de justicia prescribió, como el caso CEL-ENEL… eso es violencia; ese dinero no llegó a los pacientes, ni hospitales, ni a la policía, ejército, escuelas etc. creando condiciones para que estos grupos se desarrollaran, eso es violencia. Imitemos a Estados Unidos en sus acciones antiterroristas, así dignificaremos a la humanidad con la justicia que se merecen.

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César Ramírez

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Cuando los grandes empresarios afirman que el desarrollo de la nación necesita: “inversión y seguridad”, compartimos estos argumentos en toda la línea de su extensión, puesto que no son exclusivos del sector privado sino de todos, pero recordemos que pagar impuestos conduce a mayor inversión social del Estado y la seguridad actual es el producto de 20 años de la administración de gobiernos conservadores, por lo tanto si existe evasión de impuestos tampoco se puede aumentar la calidad de la policía, ni las estructuras de inteligencia de Estado o aumentar sus modelos preventivos; estas afirmaciones son la constante de una visión pro-oligárquica que justifica la desigualdad social, enviando el mensaje a la población: “todo tiempo pasado fue mejor”, ahora nada funciona y la economía tiene tan mala salud que necesita cuidados intensivos porque está en coma… etc. Un breve repaso de las noticias de los grandes medios nos conduce a un panorama desolador, existe una apología del crimen, el morbo de las notas rojas, un cuadro dantesco que cultiva la desesperanza construyendo el temor y la ausencia de valores en las poblaciones etc.,  fabricados desde los puntos comunicacionales de los grandes poderes económicos, los cuales viven “aún” en guerra contra todo avance democrático. La gobernabilidad es un concepto que implica entre otros: un elemento de la desigualdad tolerada por la sociedad, en ésta visión se acepta que económicamente no se puede distribuir la riqueza de una nación equitativamente, pero al mismo tiempo esta visión es muy diferente entre los grupos oligárquicos a los grupos de la clase media o burgueses; de igual forma en el fondo se encuentra la “distribución de la justicia”, de nuevo el enfoque cambia radicalmente entre unos y otros, por ello no es de extrañar que las baterías de los grupos de los extremadamente ricos riñan contra la gobernabilidad democrática puesto que todo avance educativo es un gasto innecesario, reformas en salud o infraestructura son un derroche al erario público, la legitimidad del gobierno es cuestionada desde la misma elección presidencial hasta la recién pasada de diputados y alcaldes, con un claro objetivo: dañar la gobernabilidad y legitimidad de la democracia.

El 24 de mayo en el canal 21, tres dirigentes políticos del partido ARENA externaron sus opiniones sobre el pasado evento electoral, con las conocidas diatribas contra el Tribunal Supremo Electoral, aquella podría ser una entrevista más en nuestro panorama televisivo, no obstante uno de ellos afirmó: “que el gobierno actual era ilegítimo, puesto que debieron abrirse todas las urnas electorales de aquél evento”… esta afirmación apunta a dañar la imagen de gobernabilidad, así como la transparencia del proceso electoral y la legitimidad institucional, ¿acaso será la constante de los próximos años?.  Se deben reconocer los esfuerzos de gobernabilidad orientados hacia la formación de consensos, el diálogo entre sectores, las iniciativas incluyentes en la seguridad nacional, la construcción de la estabilidad social, el respeto a las instituciones etc., además afirmar que la gobernabilidad y la legitimidad son los elementos de una sociedad justa, la cual en esencia es democrática jamás oligárquica.

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César Ramírez

@Caralvasalvador

El amparo constitucional de los candidatos a diputados encendió una discusión inédita en la nación: el recuento de votos ordenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia versus la decisión del TSE al declarar firmes los resultados de  las elecciones a diputados y alcaldes; un organismo colegiados firma y publica los nombres de los designados a cargos públicos, pero horas después su nominación es calificada de “provisional”. La constante de estos fallos constitucionales, son coincidentes con un clima de negación de inversiones del Sector de la Iniciativa Privada, las fuerzas conservadoras niegan empréstitos incluso para la seguridad nacional, mientras fundaciones y gremios aliados  predican a sol y sombra que el Estado no funciona, en otra vertiente los poderosos medios de comunicación siembran la imagen negativa contra funcionarios públicos día tras día divulgando insinuaciones de corrupción e ineficiencia; estas líneas de comunicación negativa apuntan a la destrucción de las instituciones democráticas. El panorama configura el asalto al poder por medios legales o ilegales, no son situaciones aisladas, son una constante de “desinformación” articuladas durante años, estas acciones se construyen por medio de noticias, eventos, foros, opiniones, rumores, etc., para aislar a los gobernantes y propiciar un golpe técnico constitucional e instaurar un retorno del poder oligárquico en el poder ejecutivo, pero olvidan que los gobernantes han sido electos por el pueblo en elecciones libres.

Existe un factor de punta de lanza en esta conspiración perversa, el tema de la seguridad nacional junto a elementos del antiguo ejército, mantienen una plataforma desestabilizadora de largo plazo; en este vértice los grupos del crimen organizado parecen unirse contra la democracia al coincidir en el tema de debilitar a las instituciones del Estado, cometiendo actos terroristas contra civiles, policías o soldados desarmados, jueces, profesionales, escolares etc., actos que en lugar de conducirnos a la unidad nacional, son utilizados por los grupos conservadores para agredir el orden constitucional y lanzar improperios contra los funcionarios públicos. Se trata de restar toda la base de apoyo popular al gobierno democrático aunque no estemos en campaña política, se pretende constituir un poder paralelo al Estado por medio de estructuras de facto constitucional en  niveles que la Carta Magna no refiere por ejemplo: impedir que los militares retirados ocupen cargos públicos, legislar la militancia de abogados e impedir su incorporación a cargos de primer nivel, impedir procedimientos jurídicos para juzgar a sus miembros por faltas a la ética, fallar tardíamente en el caso electoral de un candidato con impedimento constitucional, impulsar el voto cruzado a pocas semanas del evento electoral, propiciar un recuento de votos que crea incertidumbre en el sistema democrático y siembra un precedente constitucional sobre el TSE como máxima autoridad electoral, etc. Este mapa desestabilizador tiene por objetivo estratégico provocar un golpe técnico desde la Asamblea Legislativa bajo cualquier excusa, sea por la seguridad nacional o una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y paralizar al Poder Ejecutivo, etc… Me parece que defender el modelo democrático comienza con la denuncia de esta conspiración oligárquica y llamar a la opinión pública para que se pronuncie contra éstos mecanismos perversos en nuestra nación.

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