Caralvá

En este momento de la segunda década del Siglo XXI, la sociedad salvadoreña está cambiando, avanzamos hacia una nación plural, participativa, democrática, que deja en el pasado los privilegios oligárquicos, el autoritarismo, la impunidad, el nepotismo etc., conceptos excluyentes que tanto daño han causado al pueblo salvadoreño.

El caso de CEL-ENEL es una verdadera escuela de interpretación jurídica, social, antropológica e histórica, no solo es un precedente, sino que el resultado de este evento servirá de inflexión para las futuras generaciones.

Dentro de este panorama observamos a personas e instituciones, es evidente que los funcionarios públicos entronizados en sectores de poder, terminaron pensando y comportándose como dueños de las instituciones, terminaron ejerciendo el poder absoluto, omitiendo el control y poder de otras instituciones como la Asamblea Legislativa.

En este momento de avance de la sociedad democrática salvadoreña, los funcionarios públicos actuales y del pasado, no deben estar fuera de la legalidad, ni las demandas del Estado,  por esta razón las iniciativas de la Fiscalía de la República parecen insólitas en una nación que no tiene tradición de control de la corrupción pública.

Se informa que muchos funcionarios fueron exonerados y otros pasan a otra fase de instrucción, sin detención. Es extraño puesto en ocasiones algunos ciudadanos son expuestos esposados y encarcelados por delitos menores, como una periodista agredida gratuitamente, mientras en este caso es evidente la desigualdad del procedimiento. ¿Dónde inician las verdades y dónde terminan las mentiras? Es cuestión de Ley o el derecho de la nación, ¿acaso solo es cuestión de abogados?, de ser así perderemos mucho más que un caso.

La sociedad salvadoreña debe intervenir pronunciándose contra la corrupción, puesto que todos somos afectados.

Todo el procedimiento del caso es emblemático: los contratos, las acciones, la creación de sociedades, una intrincada red (i)legal que connota un(os) cerebro(s) financiero(s) educado(s) para delitos de cuello blanco. Quizás la delegación de responsabilidades en algunos funcionarios no estuvo a la altura de la ética, ni de la confianza de la nación; no obstante toda sociedad tiene  formas exigibles para no tolerar la impunidad.

El daño causado se refiere a montos de dinero reclamados por medio de una sociedad artificial, esa no es ninguna ficción y el afectado es el pueblo salvadoreño.

La diferencia de nuestra sociedad democrática con las anteriores, es la Justicia que se ejerce en base al Derecho, el desarrollo de este proceso significa al final la defensa de los intereses nacionales, es la sociedad  la que debe exigir, práctica y eficazmente por primera vez en su Historia el cumplimiento de las responsabilidades por este evento público.

Este suceso connota el repudio de los exfuncionarios a rendir cuentas, nuestra sociedad ha sido inducida hacia la indolencia y desinterés en la participación los bienes patrimoniales, solo hemos observado el fomento del conformismo y el secretismo del destino de las finanzas públicas.

CEL-ENEL es un buen examen para cambiar esa tradición de silencio en el manejo de los dineros públicos.

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El ruido mediático provocado por el requerimiento del Fiscal de la República a antiguos funcionarios públicos, por una investigación legal de mala administración debió ejecutarse hace años, tantos que en nuestra nación debería poseer una tradición en la rendición de cuentas de todo funcionario público, después de su período e incluso en años posteriores. No obstante en nuestra nación esta acción excepcional ha causado un verdadero terremoto político, quizás porque el criterio  de transparencia, observación o seguimiento de bienes de los funcionarios no existe -hasta ahora- pero el fondo de esta cuestión no es política, se trata de investigaciones internacionales donde poderosas naciones vigilan el manejo de los fondos públicos debido a que el destino de esos montos sirven a intereses ilegales.

Debemos instaurar un sistema jurídico que vigile (durante y después de la gestión gubernamental) las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos o en consecuencia, que funcione la institucionalidad. Las leyes deben ser el precedente de primer nivel contra la corrupción.

Todo funcionario público en teoría debe armonizar las demandas de las poblaciones a través de los recursos del Estado, con cualidades visibles de honradez y eficiencia.

El caso CEL-ENEL es un caso ejemplar que pondrá a prueba la (i)responsabilidad del servidor público, el marco legal existente, la corrupción y al sistema político salvadoreño, en breves palabras: nuestro modelo democrático.

Nunca ha existido un caso similar pero un elemento si es claro, la impunidad es el tema esencial, veremos si es posible demostrarla o en su defecto, nada nuevo bajo el sol.

Si existe impunidad las leyes no sirven, solo son letras que pueden animar cualquier discurso de charlatanes, de ahí la importancia de fortalecer nuestras instituciones.

El gobierno debe actuar, así como el sistema jurídico y sus órganos colegiados.

Desde la perspectiva ciudadana, en estos casos trascendentales como el patrimonio de los bienes nacionales, el Artículo 84 de la Constitución marca territorios y jurisdicciones, así como la soberanía irreductible, entre ellos: el espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular, en este rubro podemos enmarcar a la geotermia.

Los Funcionarios Públicos no deben atribuirse funciones que no les corresponden al violentar la Constitución de la República en ningún tiempo, puesto que esta acción no prescribe, permanece como lesión en el tiempo contra la nación.

Acá no se trata de sumar o restar amistades, se impone que la justicia funcione, desterrar las corruptelas, las ineficiencias o la malversación de fondos que son conocidos en toda nuestra historia, acá se trata de imponer la legalidad, estructurar la conducta de los funcionarios públicos y otorgar a cada uno la calificación que se merecen por el desempeño de sus cargos.

Este no es el punto culminante de un Circo Romano, alzando o bajando el pulgar, se trata de un criterio de legalidad que hasta este momento no creímos posible, ese es el caso de CEL-ENEL.

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La acusación de la Fiscalía General de la República contra ex funcionarios públicos, connota una visión jurídica insospechada hace tan solo unas décadas, en nuestra nación algunos servidores públicos ingresaron a sus empleos con patrimonios pobres y al salir de la administración poseían bienes que superan la capacidad de la explicación financiera, esa ha sido la norma hasta el momento que se concreta el precedente por el delito de peculado en el caso de ENEL-CEL.

Nuestra sociedad aspira a la democracia, los cambios regionales e internacionales nos exigen normas de control y reglas claras, deseamos un modelo incluyente, plural, participativo, donde la responsabilidad ciudadana no termine en una elección, sino se prolongue durante la administración gubernamental, por esta razón el caso de ENEL-CEL tiene una arista que nos corresponde, puesto que al final todo ese patrimonio pertenece al pueblo.

El Sector Público es parte de la nación al cual debe pedírsele cuentas, no pueden ser ajenos a la justicia como lo ha sido en la tradición de subdesarrollo que arrastramos con vergüenza, porque la corrupción también mata inocentes, la corrupción roba salud, educación o infraestructura de los pobres a los cuales les pertenece ese patrimonio dilapidado.

Este caso como otros emblemáticos nos demuestra que los funcionarios no están a la altura que la sociedad reclama, quizás porque en lugar de solicitar grados académicos se pide membrecía política, de tal forma que los implicados además de poseer filiación partidaria otorgan tributos a los jefes superiores, al final es una pirámide de corrupción visible en el actual proceso.

Hace tiempo que la sociedad pide el funcionamiento de las instituciones, que funcionen las leyes, que la aplicación de justicia no solo capture a los desamparados y beneficie a los potentados, en pocas palabras que se combata la impunidad.

La sociedad del siglo XXI debe corregir y sancionar los desvíos de la ley, tal cual es el origen de este caso, una trama de interpretación jurídica en contra de los intereses del Estado y en la oscuridad de conjuras que solo benefician a sus protagonistas.

Si no existiera corrupción en nuestra nación, seríamos una nación próspera y sin abismos económicos.

Siempre solicitamos Reformas Constitucionales porque casos como el mencionado provocan daños irreparables, tanto que las fortunas nacionales aparecen en Florida o los paraísos financieros, de estas situaciones algunos periódicos norteamericanos hacen referencias antiguas.

Así como se pide una declaración jurada a los funcionarios públicos al otorgarles un cargo, así debería ser público todo su patrimonio al salir de  su mandato constitucional, un Registro Patrimonial con Acceso Público que marque su evolución y seguimiento es urgente, de otra forma el enriquecimiento inexplicable será la norma al final de cada quinquenio.

Si la justicia funciona, podemos estar seguros que el reconocimiento no solo será nacional, sino internacional. La nación se merece un futuro mejor y la dignidad del pueblo también.

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De nuestra historia relatada por antiguos documentos, identifican a las islas del Golfo de Fonseca como pertenecientes al Curato de Conchagua, reseñadas por Pedro Cortés y Larraz posicionado de la Diócesis de Guatemala en el año 1768.

Su crónica referente a la Parroquia de Conchagua: “Aunque esta parroquia va con la inscripción de Conchagua por nombrarse así comúnmente, pero la cabecera es Yayantique y bajo la suposición de ser ésta la cabecera, se entenderá por tal la explicación que voy a dar”… Referente a Yayantique tiene orígenes en asentamientos lencas, según reseñas que datan de 1689, en ese momento la aldea tenía 120 personas de confesión, pero estas versiones coinciden en que es la cabecera del curato de Conchagua  y finalmente esta población pasa a ser parte del departamento de La Unión hacia 1865.

Estas referencias corresponden a territorios salvadoreños y nunca a hondureños.

Las divisiones geográficas de la Iglesia terminan convirtiéndose en fronteras con el tiempo.

“Cerca del pueblo de Conchagua hace una gran salida el mar del sur, que tendrá como de treinta a cuarenta leguas la entrada, que forma hacia el norte y más de veinte de latitud oriente a poniente, la cual se cruza para pasar a las provincias de Nicaragua y no deja de hacer a veces algunas alteraciones. En esa ensenada hay algunas isletas y en una de ellas, que manifiesta bastante tierra hay una hacienda de ganado perteneciente a esa parroquia y es la del número 33” así lo anotó Cortés y Larraz.

Debemos destacar además una cita de Luis Salvador Huezo, en su importante trabajo: “La controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre EL Salvador y Honduras y Nicaragua como país interviniente”: “ La Isla del Tigre, a fines del siglo XVII, albergaba una próspera hacienda de ganado mayor que era propiedad de un convento de monjas de la ciudad de Guatemala y la cual corría bajo el cuidado de los indios de Teca y Conxagua, pueblos ubicados en la isla de Conchaguita, jurisdicción de la Provincia de San Miguel”, de esta forma el inicio de las áreas administrativas no tiene duda alguna.

Si estas condiciones históricas definieron con reseñas verificables los límites geográficos, los cuales se prolongaron en tiempo y espacio hasta el momento de la usurpación de la Isla Conejo en los años ochentas, es en conclusión un acto ilegal, que además no estaba en ninguna manera sometida al arbitraje de La Corte Internacional de Justicia en 1992.

Es muy sintomático que en este momento de clima electoral en Honduras se eleven las voces del falso nacionalismo, el mismo que conduce  a los pueblos al desastre; en Honduras parece que a sectores de poder y al ejército le interesa promover este ambiente para apoyar sus intereses expansionistas, recordemos los décadas de conflicto con Nicaragua, de esa manera garantizan sus privilegios económicos. En este momento aumentar la tensión militar  en el Golfo de Fonseca con nuestra nación, pretende consolidar al menos unos cinco años en sus ingresos de casta privilegiada.

La saga del Golfo de Fonseca está consignada en muchos libros de historia, la evolución de la soberanía salvadoreña es innegable.

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El problema es la denominación “delegación política”, durante muchos años vivimos una democracia que deposita las decisiones en instituciones a nombre de los ciudadanos, estos son los poderes del Estado, no obstante durante los últimos veinte años parece que ese modelo se agotó debido al colapso del partido en el gobierno que dilapido todo el capital social y confundió el concepto de los límites entre partido y gobierno, así durante veinte años aquella forma de gobernación era : “partido-gobierno” sin distinción alguna, era lo mismo miembros de dirección política y ministros, el presidente era el máximo representante del partido y gobernante de la nación, eso llevó a severas distorsiones que aún tienen huella en la sociedad civil. Durante esos años vivimos un modelo democrático amparados en las elecciones y la delegación de la representación política, pero con un nuevo gobierno la situación cambió, no es lo mismo presidente de la nación y presidente del partido político oficial, esa es una diferencia.

No obstante en los últimos años se observan evidencias que la democracia en algunos aspectos necesita de un nuevo tanque de oxigeno o en su defecto una Reforma Constitucional, puesto que algunas decisiones de las instituciones como la Sala de lo Constitucional no representan la voluntad popular,  de la misma manera que algunas decisiones de la Asamblea Legislativa; ese vacío es crucial para el desarrollo de la democracia participativa.

Los temas que preocupan al final pueden agruparse en la vocación de la nación, elementos sobre los “juicios políticos”, “atribución de competencias” de los poderes del Estado o “registro de bienes” de los servidores públicos.  Estos elementos pueden ser compendios de leyes e interpretaciones, pero interesa que los poderes distinga la división y que estos instrumentos del Estado solo hagan lo que la ley permite expresamente, “debiendo abstenerse de acciones para las que carezcan de facultades conferidas por las leyes”.

Así cuando hablamos del espíritu de las leyes, -cuestión de moda en este gobierno, pero curiosamente sin precedente en los últimos veinte años-  los fallos resultan en interpretaciones jurídicas notables.

Ahora existen interpretaciones a favor y en contra de la destitución de funcionarios, quizás sea la norma y no la excepción, pero evidencia la parálisis de interpretaciones entre órganos del Estado así como la división de poderes, al final la discrepancia no debe significar una división nacional, entre partidos o un grupo de intereses, sino debe ser una contribución hacia la dignidad del pueblo y la vocación nacional; este conflicto de interpretación de visión de poderes no pueden prolongarse al infinito, menos durante un período pre-electoral, como ciudadanos nos corresponde tomar la iniciativa y solicitar Reformas hacia una democracia participativa, que exista en su momento una consulta popular para solucionar estos impases, así sea por interpretación constitucional o la reforma a diversos artículos que deben actualizarse.

Luis F. Aguilar (mexicano) en uno de sus comentarios anotó: “En geometría, ante los teoremas se decía siempre: “lo que hay que demostrar”, en política es recomendable decir: “Lo que hay que realizar”…

Así para evitar los eternos conflictos entre poderes, realizar reformas tiene menos costos que descarrilar el tren de la nación por interpretaciones no escritas en las leyes actuales.

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