César Ramírez

@caralvasalvador

Algunas personas afirman que los (diputados u otros) suplentes no son necesarios, precisamente me parece incorrecto, en el caso de las instituciones políticas o electorales todas tienen suplentes, tanto el Tribunal Supremo Electoral, La Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa y en el caso del Gobierno las sustituciones son inmediatas, de manera que la conducción de la nación mantenga su rumbo estable, imaginemos a la República sin Ministros, Directores, diputados etc… nadie tomaría las decisiones “políticas” requeridas, ese es su trabajo, los funcionarios públicos toman determinaciones que los grandes conglomerados necesitan.

Pero la discusión es política cuando se decide eliminar la suplencia de los diputados de la Asamblea Legislativa, puesto que no se invoca el mismo argumento a otras instancias como la misma Corte Suprema de Justicia, ni al TSE, es por lo tanto un camino que nos conduce a violentar la Constitución de la República donde se incluye la figura de los Diputados Suplentes.

¿Por qué eliminar a los diputados? ¿Bloquear el financiamiento del Estado? ¿Cuál es la causa de la honorable Sala Constitucional para excluir a medios de comunicación en sus reuniones declarativas? El conjunto parece la conspiración de una clase social sobre otra, en el antiguo estilo del siglo pasado, con una agenda visible y otra oculta para favorecer a los grandes intereses económicos, un escenario violento conocido en la historia nacional.

El 14ABR015 se entregaron credenciales a diputados propietarios y suplentes, mientras el TSE cumplió con el art. 222 dentro de los seis días siguientes a la fecha del decreto (09ABR015) que declaró firmes los resultados de la elección.

El art. 209 constitucional: “El Consejo Central de Elecciones será la autoridad suprema en esta materia, sin perjuicio de los recursos que establezca esta constitución, por violación de la misma”… quince meses después los diputados suplentes son declarados inconstitucionales (13JUL016)… es maravilloso que nadie observó las irregularidades de los diputados suplentes en el momento electoral, pero fueron aprobados por el TSE “autoridad suprema”, ahora resulta que no lo es, quizás pronto sus miembros también sean declarados miembros partidarios y por lo tanto inconstitucionales…

Al declarar a los diputados suplentes inconstitucionales, se violenta la constitución por lo siguiente: “Art. 129 Inc. 1 Los Diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados… etc. Inc. 2 “No obstante, podrán desempeñar los cargos de Ministro o Viceministros de Estado, Presidente de Instituciones Oficiales Autónomas, Jefes de Misión Diplomática, Consular o desempeñar Misiones Diplomáticas Especiales. En estos casos, al cesar en sus funciones se reincorporarán a la Asamblea, si todavía está vigente el período de su elección” … ¿En este caso, la Asamblea Legislativa ya no estaría conformada por 84 diputados puesto que al no existir el diputado suplente, la aritmética cambiaría en todas sus implicaciones…

El art. 131 Cn. Corresponde a la Asamblea Legislativa. Inc. 3 “Conocer de las renuncias que presentaren los Diputados admitiéndolas cuando se fundaren en causa justa legalmente comprobada. Inc. 4 Llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios…

Ya conocemos la violencia del siglo pasado, ahora vivimos otra violencia jurídica con interpretación sui géneris constitucional… parece que repetiremos la Historia. www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

Después del 13 de julio de 2016, la derogación de la Ley de Amnistía tiene un resultado incierto, ahora la realidad se verificará en las denuncias ciudadanas, la acción de la Fiscalía, las iniciativas legislativas, etc. porque el Gobierno de la República ya se pronunció al respecto.

Como hemos señalado en artículos previos, la Sala Constitucional de la CSJ excede con sus interpretaciones los lineamientos de la Carta Magna, en conjunto parece una “refundación” de la República imaginada en el pasado pero ejecutada jurídicamente en el presente, ¿es justificable perjudicar la gobernabilidad? La Amnistía fue el “resultado” “no el objeto” cuestionado por la Memoria-Olvido de la justicia, la Amnistía es el producto de una guerra civil, con miles de fallecidos, desaparecidos, secuestrados, masacrados etc., que no pueden limitarse a una fecha, aunque el instrumento inconstitucional lo reclame, es preciso pedir justicia para todos, al final “teóricamente” somos iguales ante la ley. El objeto demandado por la sociedad es la paz, la democracia, la justicia económica, la participación ciudadana… etc.

Acá no se trata de condenar o exculpar, se trata de la nación. El binomio olvido-memoria es un acto político, si recurrimos a esa fórmula también no olvidemos 1932, pero de ese etnocidio, la justicia, la iglesia, el ejército etc., se niegan a hablar… pero ahora se abre la posibilidad de reconstruir enemigos y amigos, de las armas, el exilio, la muerte, la indiferencia ante la injusticia; el momento es una reconstrucción ofensiva y defensiva, puesto que el olvido-memoria se convierte en un retroceso al pasado, es una amenaza a la democracia, es una lectura conocida, que no incluye a los actuales delincuentes, las organizaciones armadas irregulares, en síntesis los terroristas, parece que ya no existen… solo existen los antiguos actores de una vieja guerra civil; este hecho es ¿un accidente político?.

Si la acción en los juzgados es crucial, si las demandas contra unos y otros son ejecutadas, espero que la justicia no se limite a una Amnistía particular, ¿con qué derecho se fija un límite? Si el conflicto generó setenta mil muertos y más de un millón de refugiados que también padecieron en naciones extranjeras y no pocos desaparecieron. La “Nueva Legalidad” proclamada por la Amnistía de 1993 ha muerto, otra lectura toma su lugar, es similar a crear por decreto “héroes y villanos”, cuando esos esquemas se confunden veintitrés años después, resulta que el peor cabecilla es ahora hermano del enemigo y el héroe de antaño tiene antecedentes terroristas, pero ambos se transforman por un teatro macabro, parece una novela de ciencia ficción. Nuestra justicia no existió durante el conflicto, la justicia en el tiempo se transformó en injusticia, así como los amigos en enemigos unidos por memoria de la violencia y la sangre, ahora parece que no fue suficiente, aún existen seres con ansias de beber sangre de inocentes. Quizás necesitamos eliminar definitivamente la violencia, esa violencia del modelo económico pro oligárquico que vivimos y produce millones de muertos de hambre (y sed de justicia si lo desean), que no tienen amnistía, quizás es necesario fundar otra República con otra constitución, y una nueva legalidad.

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La divina interpretación constitucional

César Ramírez

@caralvasalvador

El ejercicio de nuestra justicia es deprimente, el coro de miles de voces que denuncian las injusticias de los jueces llega hasta los Estados Unidos y al resto del mundo, muchos se pronuncian año con año contra nuestro sistema, porque si existe un estamento casi intocable son los jueces… el gran perdedor es el pueblo.

Con mucha atención seguimos el desarrollo de los juicios públicos, algunos de los cuales son contra exfuncionarios de antiguos gobiernos, es maravillosa la actuación de los abogados defensores de las causas de enriquecimiento, las cuales son ganadas con argucias fantásticas y peor aún, milagrosamente ninguno es condenado… “ver para creer”.

Las diferencias del pueblo con la Sala Constitucional se refieren al elemento visible en la Constitución y sus funciones específicas, pero resulta que “lo no escrito”, “la interpretación” parece una función de “Gracia Divina” orientada a impedir la gobernabilidad, veamos el Art. Cn 174: “La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7ª. del Art. 182 de esta Constitución” etc. en resumen su competencia son: “Leyes, decretos y reglamentos”, pero en ninguna parte se menciona la exclusión de un ciudadano por su filiación partidaria, concepto muy riesgoso, parecido a los antiguos dogmas cristianos contra los protestantes, extranjeros y otras creencias; la repentina calificación de los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República parece ser una saga del mismo tema.. Incluso el 14OCT013 la Sala declaró inconstitucional el nombramiento de Salomón Padilla... “El derecho a optar al cargo público de juez y magistrados de la CSJ es incompatible con la afiliación partidaria, a menos que exista una separación o desvinculación real del partido político y que ello no constituya un fraude a la Constitución”…

Existe un abismo entre las aspiraciones del pueblo y los fallos de inconstitucionalidad, así todo puede ser calificado de iniciativa “partidaria”: el SITRAMS, la emisión de bonos por $900 millones, la Amnistía, el cargo para la inversión social en energía eléctrica… etc.

Existe una lejanía en la vocación del pueblo y los fallos de interpretación de nuestra constitución republicana, muchas de sus decisiones están reñidas con la realidad social, económica, jurídica, etc., los Magistrados de la Sala son electos por la Asamblea Legislativa, quien por delegación del pueblo ejerce su representación, pero la Sala Constitucional no pasa ningún ejercicio democrático directo.

La situación de interpretación constitucional imita los argumentos políticos, parece un oficio de gobierno de jueces y no de ejercicio democrático, si las elecciones delegan su representación a la Asamblea Legislativa ¿por qué sus decisiones son invalidadas?...

Es muy preocupante el panorama nacional, un escenario cargado de agendas políticas y no de vocación hacia la estabilidad jurídica, la gobernabilidad, el bien común, hasta parece que la democracia ya no es la voz del pueblo, ni de Dios, sino un fallo político a nombre de la divina interpretación constitucional. www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

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La sociedad salvadoreña en los términos conceptuales republicanos jamás logrará la utopía de la igual social, debido a que los procesos electorales no admiten diferencias de conducción ni tampoco una reforma sobre el modelo capitalista, así nuestra división artificial entre ricos y pobres es el resultado de una visión materialista a fin de cuentas “contractual”, las personas son objetivadas como productos utilitarios no como ciudadanos, si observamos todos los movimientos actuales de las derechas y sus aliados e intérpretes constitucionales, todos debemos pagar iguales impuestos aunque “sus millonarias propiedades sobrepasen los ingresos de miles de salarios mínimos”, las inversiones sociales son gastos innecesarios y populistas porque a los pobres no se les debe ayudar “así nacieron”, el Estado no debe endeudarse porque los beneficios sociales solo sirven para fomentar el ocio de quienes se acostumbran a vivir de sus salarios “no a crear empresas”, etc., esta condición es inalterable bajo la premisa que la sociedad es un contrato capitalista y por supuesto su interpretación constitucional. De ahí la vigencia de Carlos Marx y su concepto de alineación del trabajo que no solo aplica a los trabajadores, sino a las personas que se transforman en humanos-dinerarios, no piensan como ciudadanos sino como dinero viviente en cada célula de sus cuerpos, de ahí que se arrojen del último piso de sus empresas cuando Wall Street deja de perder un porcentaje de ganancia en sus acciones o en lugar de un minuto de silencio solo guarden diez segundos porque pierden mucho capital al recordar a sus deudos; en otras palabras el capital tiene “vida propia” es una célula alienada de dinero que no reconoce personas sino “intereses”, tampoco tiene ética sino porcentajes de compra-venta, además su pasión se resume en “medio-resultado” una mutación de Nicolás Maquiavelo “el fin justifica los medios”; de tal forma que no importan los medios, ni las personas, ellos viven un totalitarismo “dinerario” ansiosos por alimentar una sociedad en perfecta desigualdad. Reproduzco una cita sobre el tema: “El Teorema de Arrow y la utopía de una “sociedad de mercado”: totalitarismo o caos. Los axiomas de racionalidad y los valores democráticos que Arrow postula como deseables y razonables, definen en realidad una “sociedad de mercado” (con su correspondiente ética del mercado), es decir, una sociedad que se constituye (y se interpreta) a partir de la racionalidad formal o, en palabras de Max Weber, de la racionalidad medio-fin, que es una racionalidad concebida a partir del individuo calculador, y donde las relaciones interpersonales son relaciones contractuales, esto es, relaciones voluntarias entre propietarios de cualquier cosa. Tenemos aquí la médula de la concepción burguesa de igualdad (y de libertad). En efecto, la igualdad burguesa es una igualdad contractual (no simplemente formal): somos iguales porque actuamos como individuos que pactamos contratos unos con otros y procedemos según esos contratos (los contratos obligan a actuar correspondientemente). Todos los intercambios son vistos en términos contractuales, todo es mercado: mercado de bienes, mercado de servicios, mercado de factores productivos, mercado de votos, mercado de afectos, etc.”… -GPC Costa Rica-

El conflicto actual “salvadoreño” entre los aspirantes a oligarcas y los trabajadores puede resolverse democratizando al capitalismo, eliminando las desigualdades, alentando la movilidad social, facilitando la gobernabilidad sin promover un golpe de Estado “desarmado”, permitiendo que el capitalismo se desarrolle en las veredas de la nación y los barrios de San Salvador. www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

Ahora se encuentran en la Alcaldía de Zacatecoluca indicadores de ilícitos en los trabajadores de ese gobierno municipal, así lo señala la Fiscalía General de la República, dentro de sus procedimientos normales con sus atribuciones institucionales, con hallazgos de irregularidades en varios niveles: orden de captura contra trece personas entre ellas cinco miembros del Cuerpo de Agentes Municipales de dicha localidad, delitos para favorecer organizaciones terroristas etc., posterior a una investigación se vincula a los detenidos con pandilleros de la 18 revolucionarios. Según la FGR las órdenes de captura se deben a ilícitos con apoyo a estructuras ilegales por la entrega de: uniformes, munición, transporte y hasta plazas del CAM… nota 21JUN016 H 14:38; ahora la filiación política pertenece al FMLN, hace unas semanas era del partido ARENA, mañana podría ser un tercero, pero el fenómeno en estas circunstancia parece ser el mismo y el desafío para la FGR es demostrar todas las irregularidades cometidas.

La lectura serena de estos acontecimientos es simple, la penetración de estructuras criminales en el orden institucional indica la vulneración de todo nuestro sistema legal, deja al descubierto un complejo sistema invasivo similar a un cáncer que destruye el marco de las relaciones jurídicas nacionales, puesto que la legalidad en sus múltiples expresiones deja de ser creíble y confiable: desde las actas de nacimiento, los matrimonios, defunciones, propiedades, terrenos municipales etc. se incrementa la desconfianza política que avanza como sombra sobre la ciudadanía, es una siembra intelectual de temor contra el personal y ediles de algunas municipalidades.

Si las acusaciones son exactas, la justicia debe cumplirse, la Ley no debe permitir ninguna excepción.

En otros artículos en los cuales el partido ARENA ha sido mencionado, la ciudadanía ha solicitado el pronunciamiento de sus miembros e institución sobre tal o cual caso, éste procedimiento les permitiría no figurar como cómplices del ilícito, ahora es un deber del FMLN o sus miembros pronunciarse sobre tan emblemático caso (21JUN016).

La justicia debe cumplirse, en circunstancias como la mencionada la ley es el fiel de la balanza, caso por caso y persona por persona.

En estas circunstancias “y las que faltan”, debemos preguntarnos: sí (éstas concesiones al crimen organizado) son una práctica individual o un mandato partidario, es una desviación personal, es una licencia de co-gobernación o la permisividad para la operación de estructuras ilegales dentro del marco jurídico nacional, etc., lo cual nos conducirá inevitablemente a la destrucción del tejido social nacional, de ser así ya no distinguiremos lo ilegal de lo legal, nada será creíble bajo estos esquemas de penetración en los gobiernos municipales.

En México por ejemplo, los incidentes de la matanza en Ayotzinapa señalan que los estudiantes fueron confundidos con estructuras rivales del gobierno municipal de esa región, lo cual derivó en su posterior asesinato, nosotros no estaríamos entonces lejos de estas acciones confundiendo a ciudadanos con potenciales rivales de una pandilla u otra, si desde la gobernación municipal se apoya a una u otra estructura criminal, el resultado será un desastre social, una pérdida de la gobernabilidad, territorios, sistema de la propiedad privada y en general el principio del fin del municipalismo con todas sus implicaciones.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Escuchando a los exponentes defensores del sistema privado de pensiones, con sus afirmaciones extremistas sobre la quiebra inminente del Estado, su incumplimiento de pago, la degradación del sistema de IPSFA etc. y sobre sus soluciones celestiales para éste problema, la pregunta que surge es: ¿Cómo se originó esta condición económica? ¿Cuál fue la causa de su implementación? ¿Acaso no se previó la actual realidad del sistema de pensiones?... en realidad vivimos una planificación del desastre del sistema de pensiones, así fue diseñado por las fuerzas que ahora proclaman soluciones extremas; todo este esquema fue elaborado, diseñado e implementado durante los gobiernos de la derecha allá por 1998, su objetivo final no era el beneficio de los trabajadores sino los capitales de inversión y riesgo, los cuales son Sociedades Anónimas de Capital Variable o Inversionistas multinacionales que se reparten los beneficios de los capitales de los trabajadores, con dividendos a discreción de sus juntas directivas. Las actuales leyes del sistema fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, en ese caso considerando a sus arquitectos legales, los cuales son coautores de la realidad que vivimos, deben en todo caso ser parte de la solución y no excluirse con discursos políticos.

El problema de fondo es una solución política, una solución nacional no partidaria.

Si la asociación entre sistema de pensiones y sistema fiscal es un componente, también debemos recordar que la dolarización es un producto planificado y estructurado por gobiernos de derecha, de tal forma que el pasado nos atrapa en el presente con problemas que golpean a todos sin excepciones.

Al escuchar a los profetas de las catástrofes se autoexcluyen del problema, con un discurso exculpatorio en todo sentido, debemos recordar que en su momento la reforma de pensiones no incluyó a todos los trabajadores ¿por qué?... los excluidos del modelo de sistema de pensiones privadas son ahora los que tienen problemas, ¿qué pueden hacer ellos por cambiar esa realidad?.

Existe en todo caso acciones perversas en nuestro sistema privado de empleo, que implica a las pensiones y al sistema fiscal, por ejemplo: contratar personas por “servicios profesionales”, bajo ese sistema se niega a los trabajadores: “Pensión, ISSS, Antigüedad, Ascenso, beneficios de bonos etc.” y muchas personas aceptan ese modelo por la precariedad económica, de igual forma acontece con otro esquema denominado: “interinatos”, “trabajos por temporadas” etc. una serie de artificios no regulados pero tolerados por muchos, pero esencialmente son promovidos por el Sector Privado, el resultado es simple, evadir impuestos, no financiar al Estado, eliminar derechos de los trabajadores como licencias de maternidad, accidentes de trabajo, incapacidades laborales etc. ¿Nuestra constitución permite eso? ¿Existen diferencia sobre el artículo 1 Constitucional: Inc 2.. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social?. De tal forma el artículo 2 Constitucional: Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad del trabajo…. Etc. Al final, el trabajo otorga el derecho, de tal forma la división artificial entre el sistema estatal o privado de pensiones es virtual, debe resolverse como nación, en función social que solo beneficiará a las futuras generaciones. Una solución política es posible.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Un video entre miembros de ARENA y grupos terroristas, ha circulado desde el día 12 de marzo en diversos medios de comunicación y fue divulgado por El FARO; ese conciliábulo devela la alianza con grupos del crimen organizado, un acto indignante que el pueblo salvadoreño repudia por los crímenes que causan estos grupos a las familias de los trabajadores; ese encuentro parece una charla de viejos conocidos que intercambian propuestas para beneficios electorales, seguridad, garantías, nombre para Ministro de Seguridad, parece que la Mafia Italiana tiene buenos alumnos en Centroamérica. El evento marca una concreta diferencia sobre el modelo democrático, la distancia entre partidos no es solo ideológica, sino un partido que unido a grupos armados ilegales pretende profundizar el descontento y el temor, de ser necesario desde el Gobierno de la República. La reunión es la respuesta a las preguntas: ¿A quién conviene el terrorismo? ¿Quiénes patrocinan estas organizaciones? ¿Es un proyecto político para presionar a las instituciones? ¿Quiénes pretenden aislar al Estado y sus Instituciones? ¿Quiénes propician el sabotaje, quebrar la economía y favorecer al terrorismo? ¿Por qué los asesinatos aumentan o disminuyen en momentos electorales? ¿Quiénes ordenan asesinar a los trabajadores?... son los oscuros personajes que aparecen en ese video, esa reunión demuestra el verdadero rostro de estos personajes políticos, ya conocemos entonces quienes son los causantes de tanto dolor al pueblo salvadoreño.

Vivimos con el enemigo entre nosotros... resulta que la sociedad salvadoreña coexiste con miembros de una institución política aliada a los terroristas que no promueve los valores democráticos, ni sus leyes, ni la vigencia económica, ni la defensa del voto en procesos electorales, tampoco los valores de la familia, religiosos, morales, etc. en síntesis lucha por destruir el sistema legal; ahora comprendemos la impunidad, el lavado de dinero, el fracaso de tantas iniciativas sociales, la inseguridad colectiva etc., pero después de la indignación no queda más que la acción social contra los antisistema, pedir a la justicia su acción, a las instituciones el cumplimiento de las leyes y a la nación la movilización para condenar estas conspiraciones contra la vida y la democracia. El ideal de la política es hacer el bien a su pueblo, en este caso reunirse con los asesinos de niños, policías, soldados, trabajadores, maestros etc., es la traición al ideal democrático y la paz social. Parecía que la sociedad salvadoreña había agotado su capacidad de asombro durante la guerra civil, ese holocausto que destrozó nuestros valores morales, espirituales, familiares y otros que nos condujo al abismo de la crueldad fanática, pero nunca observamos una acción similar, implicando la coacción al evento electoral promovida por personas con investidura legal que conspiran para comprar voluntades, un cargo de ministro, cierre de prisión de alta seguridad etc. aspirando al poder político y gobernar junto a delincuentes, ello es un acto que atenta contra la comunidad jurídica, el conjunto de instituciones y el modelo social de la República… es simplemente traición a la Patria. Los miembros de ese partido político que aún conserven dignidad y honor tienen una magnífica oportunidad para expresar su repudio a ese complot del mal, si no disienten son cómplices de los terroristas a pesar de su investidura legal.

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