César Ramírez

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Ixión se encuentra en el Tártaro, ahí Hermes le ató con serpientes a una rueda ardiente que daba vueltas sin cesar, solo descansó de su tormento el tiempo que Orfeo estuvo en los infiernos, pues su maravilloso canto hizo que se parara la rueda… aunque el relato mítico tiene muchos más antecedentes, la extraodinaria imagen del castigo: “atado a una rueda que gira y gira” parece ser nuestra realidad por la impunidad que yace en algunos hombres y mujeres de nuestra sociedad; giramos entorno a la ambición por el dinero fácil contrayendo una enfermedad incurable, es evidente en las personas con cargos importantes, ellos parecen perder la razón y se emborrachan de poder, vanidad, soberbia… como Ixión girando infinitamente en ese clima de opio infinito, hasta que la justicia les desnuda, como en la mitología griega; Zeus descubre y condena la mentira de Ixión y provoca un ajuste de cuentas. Aunque la mitología griega parece una fantasía infantil, la sombra de Ixión el mentiroso, parece resucitar en algunos personajes en el caso de exjueces y exfiscales corruptos, por ejemplo: el testigo criteriado es identificado como Ades (Hades)… Hades en términos cristianos es la tumba, el pozo de suciedad y alude a los muertos, los cristianos asocian este concepto con el infierno que se parece al Tártaro griego, un sitio tenebroso del extenso Hades, usado como mazmorra de tormento y sufrimiento… este parece ser el destino de muchos personajes importantes de nuestra realidad en el siglo XXI; el testigo Ades (Hades) atrapa en sus declaraciones a una amplia red de “suciedad” que durante años vivió del delito, ellos son: fiscales, abogados de alcaldes y jueces quienes en colusión con: narcotraficantes, criminales, miembros de agrupaciones ilícitas, etc. dañan a la sociedad salvadoreña al usar la justicia en su beneficio, usan el sistema para delinquir, con sobornos, confabulaciones, arbitrariedades etc… Atónitos observamos este cuadro patético.

Lejos de la sátira, infundios, mentiras, del libelo o disimulo de esta corrupción, quizás es tiempo de combatir la impunidad para construir un precedente para las futuras generaciones, de solo pensar en el número de casos absueltos en esos juzgados, nos provoca el más severo repudio por algunos miembros del sistema judicial actual. En una palabra se llama impunidad: “es una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito”, no se ejerce justicia porque el dinero se reparte entre los cómplices, los criminales son absueltos a cambio de sobornos, las condenas son eliminadas por decisión divina, como en tiempos griegos, similar a las historias escritas hace cuatro mil años… La red de corrupción nos ilustra sobre algunos delincuentes dentro del sistema judicial, quizás se debe auditar todo el modelo judicial puesto que conspira contra una nueva nación, estamos atados a esa rueda que gira y gira entorno a la corrupción y no existe ni un solo canto de Orfeo para liberarnos del Tártaro, aunque (H) Ades ha cumplido su extraordinaria misión al atrapar en su seno a los mentirosos… habría que repetir la profecía de Jonas en Nínive, pronosticar el tiempo de vida que podrá soportar nuestra sociedad de continuar un sistema judicial corrupto… ¿cuatro, cinco, diez años?.. Al menos tenemos ese testigo criteriado llamado (H)Ades que atrapa a los homólogos salvadoreños de Ixión..

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El uso de la informática para dañar la imagen de personas, instituciones o cualquier iniciativa civil o política, es una herramienta subterránea y es un delito que cometen personas particulares o empresas privadas dedicadas por encargo de terceras personas, es necesario afirmarlo: el terrorismo cibernético es un delito, tanto para los creadores como para los replicadores (influenciadores) dedicados a promover imágenes negativas. El delito informático (es la herramienta que usa métodos, técnicas, masivas etc. en forma digital para desarrollar circuitos de internet, teléfonos móviles, usos de datos etc. con el objetivo de denigrar o beneficiar la imagen de una institución o persona, por medio repercusiones masivas de redes sociales así como en diversos medios de comunicación periodísticos, televisivos, radiales, etc., su objetivo es transformar la opinión pública con el objetivo antes citado. Para lograr estas proyectos se usan troles que son en esencia personajes anónimos tras una publicación provocadora que tiene la intensión de molestar, dañar o destruir a otra (institución, grupo o persona) buscando la reacción emotiva de los usuarios o lectores enfrentando a los receptores de dichos mensajes… en todo caso la desactivación de este mecanismo es simple, no responder a éstos personajes subterráneos cobardes y anónimos. Los recientes casos de empresas e individuos dedicados a estas operaciones demuestra la debilidad de la sociedad jurídica, que no posee una ley para proteger a los ciudadanos de estos ataques desde una computadora o una red de mercenarios cibernéticos. “Un delito informático o ciberdelito es toda aquella acción antijurídica y culpable, que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet” –wikipedia- añadiendo a esta condición la novedad que empresas “privadas” a sueldo se dedican a estos oficios disfrazados de marketing comercial o político, pero que usualmente son financiador por grandes capitales; similares a las antiguas entidades de propaganda negra que motivaban al fanatismo y la violencia. En la interfase –similar a los mediadores entre un trol y el receptor o las redes de amigos o amigas etc.- se encuentran los “influenciadores” que replican las notas, opiniones, imágenes, documentos, etc. de los troles, ellos según universidades extranjeras son sujetos que reciben dádivas, regalías o salarios por dicha acciones, de tal forma que se convierten en pequeños asalariados-mercenarios que en forma piramidal están al servicio de la cadena (negativa o positiva de opiniones), condición notoria usualmente en proyectos políticos o temas de interés nacional; incluso se usa para dañar negocios de empresas privadas para disminuir la oferta de potenciales compradores de productos comerciales. Los delitos informáticos que la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconocen son: Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, manipulación de datos de entrada, daños o modificaciones de programas o datos computarizados; además otros organismos internacionales reconocen la pornografía infantil, suplantación de identidad, fraudes comerciales por uso de datos falsos, etc., como quiera que sea en nuestra nación es la jungla, aún es una región con vacíos sobre este tema, la Fiscalía General de la República debió intervenir en casos que han dañado la imagen de muchos ciudadanos, el ciberterrorismo es un delito, al igual que quienes financian y promueven estos mecanismos.

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César Ramírez

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El novedoso juicio contra el expresidente Francisco Flores tiene mucha resonancia por los ilícitos cometidos, es del dominio público que el Juez Miguel Ángel García resolverá el 3 de diciembre de 2015, sobre la presunción de los siguientes delitos: enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil actuando en calidad de acusadores particulares, solicitaron incluir el delito de “lavado de dinero” lo cual ha sido rechazada por la FGR y la defensa del imputado. Sobre el lavado de dinero la Federal Financial Institucions Examination Council’s (FFIEC) BSA/AML, reseña en su Manual de Inspección Antilavado de Dinero (AML)/Ley de Secreto Bancario (BSA) del Consejo Federal de Inspección de Instituciones Financieras (FFIEC) lo siguiente: “El lavado de dinero es un proceso que puede comprender diversas técnicas y estrategias. Pero el fin último es “lavar” el dinero a través de una serie de transacciones, estas transacciones están diseñadas para ocultar los rastros documentados que conducen al delito original. Las personas que lavan el dinero mueven el producto del delito, o dinero sucio, a través del sistema financiero mundial, en un esfuerzo por “limpiar” el dinero, de modo que parezca haber sido obtenida en forma legítima. El primer paso del lavado de dinero consiste en la “colocación” del dinero en instituciones financieras tales como negocios de servicios de dinero: bancos corredores de valores, casinos, etc., una vez que los criminales “colocan” el dinero en las instituciones bancarias, el mismo pasa “encubierto” al sistema financiero a través de transacciones financieras tales como: retiros bancarios, transferencias por cable y la compra de instrumentos monetarios. El último paso del lavado de dinero es la “integración” de tal dinero a la economía mediante la compra de artículos tales como: botes, casas, automóviles y comercios”… Si el juicio se enfoca únicamente en: enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares y se omite el lavado de dinero, podemos inferir el resultado del proceso jurídico, puesto que estos delitos son menores, tal cual fue el resultado del Caso CEL-ENEL, agregando que el imputado ha cumplido aproximadamente 2 años de arresto domiciliar, por lo tanto una condena sería mínima, además con medidas sustitutivas, “buen comportamiento”, estado de salud, etc., en pocos meses terminaría el proceso legal y el beneficio de la libertad absoluta.

Las denuncias sobre el desvío de fondos por organismos de la sociedad civil coinciden con los procedimientos de la BSA/AML, a pesar que las acusaciones parecen no incluirse en el actual juicio, el contexto general de este ilícito coloca al sistema judicial salvadoreño en la frontera de la credibilidad: ¿funciona o no la institucionalidad? El expresidente Mauricio Funes oportunamente denunció el mal procedimiento financiero por medio de la divulgación de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) (USA) que detalla la ruta de los millones donados por Taiwán al expresidente Francisco Flores. En conclusión si los crímenes financieros de esta naturaleza no son perseguidos por la justicia salvadoreña, el resultado del juicio es intrascendente…

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La sociedad política fotografiada en la Constitución de la República presupone un marco jurídico con un pacto social de nuestra vocación nacional: leyes, ordenamiento institucional, territorio, democracia etc., no obstante el surgimiento de organizaciones criminales, grupos armados y terroristas que tienen únicamente como objetivo la ilegalidad en su accionar afectan al conglomerado social y han destruido el tejido social en: barrios, colonias, sistemas educativos, etc. un fenómeno originado “posiblemente” por la guerra civil del siglo pasado. La ruptura de los valores tradicionales en nuestra sociedad es muy profunda, con solo enunciar la evolución de nuestra democracia en los últimos treinta años, tenemos un modelo educativo autoritario orientado hacia la represión y siempre la represión, negando todo valor ciudadano. A partir de los Acuerdos de Paz apenas dos décadas, el funcionamiento institucional es visible por la presencia institucional de los derechos humanos; la sociedad ha aceptado las reglas democráticas y al menos el Golpe de Estado no ha retornado, como era la norma cada diez o quince años, al final el sistema se consolida en ese capítulo del Pacto Social histórico. La historia no es la misma con el surgimiento de las bandas terroristas y su trayectoria ilegal a partir de los años ochenta y noventa, hablamos entonces de varias décadas, éstas estructuras presentan un modelo “inconstitucional” que destruye todo el tejido social teórico republicano, similar a un cáncer social, éstas bandas reproducen sus antivalores donde se insertan legal o ilegalmente; ahora se organizan desde núcleos familiares –reales o aparentes- que reclaman los servicios sociales de la comunidad legal, de esta forma coexisten en barrios junto a familias tradicionales pero sus objetivos son anti-sistema. Ahora es posible observar una segunda o tercera generación de “familias-antisistema” incrustadas en diversas comunidades, pero con el signo inocultable de su asociación terrorista, sucede entonces que ésta sociedad-antisistema suma aproximadamente miles de presidiarios y otros tantos fuera de la cárcel agrupados en núcleos familiares extensos. En este fenómeno la causa de su multiplicación no es la ausencia de la democracia, sino el vacío de una política que debió evitar este flagelo… “si buscamos culpables, seguro los encontramos”, pero la misión es una solución, en primer lugar debemos pensar en qué hacer los siguientes treinta años… ¿Acaso necesitaremos un nuevo modelo de gueto para familias terroristas? ¿Escuelas para niños antisistema?, ¿iglesias pandilleras para delincuentes de toda edad?... y muchas otras marginaciones históricas conocidas en el mundo en escalas horrorosas; los resultados son conocidos y han avergonzado a la humanidad por sus represiones violentas… ¿pero qué hacer ante esta realidad ineludible?

En primer lugar un marco antipandillas de largo plazo, -Helio Jaguaribe anotó en su artículo: Experiencias y perspectivas del desarrollo: “La racionalidad pública es la racionalidad de tipo instrumental y de tipo interaccional, con la cual son adoptadas decisiones públicamente relevantes.”- al menos en las siguientes cinco administraciones gubernamentales, es urgente fortalecer la policía, ejército y la comunidad legal en democracia; tardaremos tres décadas para reconstruir el tejido social: barrio por barrio y familia por familia, si logramos la unión nacional sobre los intereses particulares.

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César Ramírez

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El tema es complejo y en ocasiones parece un verdadero sistema de valores que inducen en esencia a la apropiación indebida de bienes públicos, aunque no solo el dinero es un valor de cambio en las transacciones contra la sociedad, existen ilícitos que benefician a terceros insospechadamente ocultos; algunos casos parecen novelas policiales de tercera categoría, donde las confabulaciones exceden a los implicados que milagrosamente escapan a la justicia por medio de jueces, en otros casos por perjuros,  o extrañas interpretaciones constitucionales que perdonan todo, al final, sin delito que perseguir el daño patrimonial es manifiesto en: salud, educación, seguridad e incluso la dignidad de la nación. Encontramos los siguientes conceptos en: “Corrupción y maltrato público”. “Definición de Corrupción: es la acción o inacción de una o varias personas reales que manipulando los medios de un sistema, en beneficio propio y/o ajeno, tergiversan los fines del mismo en perjuicio del conjunto de ciudadanos para, por y a través de los cuales el sistema fue ideado para servir y beneficiar. Corrupto(actor del hecho) Es la persona real que por volición propia y/o ajena y con intención cognoscitiva premeditada, maneja uno o varios medios de un sistema público y/o privado para beneficiarse para sí y/o para otros de los resultados que este manejo tendencioso produce, en contra del universo de individuos para los cuales el sistema fue ideado para servir y beneficiar. Corruptor (actor e incitador al hecho) Es la persona real que con volición propia e intención cognoscitiva premeditada y alevosa induce, incita y/o coacciona a otra a corromperse e integrarse así al sistema de corrupción pública institucional”. Se trata de observar el conjunto de actores en una sociedad, en nuestro caso los temas emblemáticos como CEL-ENEL, los fideicomisos estatales, la malversación de $11 millones del ISSS y otros incidentes anteriores en la misma institución cometidos por otro famoso personaje, la obra Diego de Olguín, etc.  Pero estos fenómenos son enfrentados con leyes del siglo pasado, con prescripciones ridículas de 10 años, cuando los daños se prolongan por décadas, de tal forma que los implicados bajo conocimiento legal abrazan la impunidad.

Es muy sintomático ese modelo de violencia financiera, puesto que la corrupción también “asesina inocentes”, el panorama es simplemente deplorable, en este escenario encontramos: corrupto y corruptor (no solo de dinero), funcionarios públicos y poderosos miembros del capital privado y al agregar el factor político concluimos en el patrocinio a favor de un Partido Político, entonces la trama se vuelve siniestra. La sociedad solicita auditorías jurídicas de la Corte Suprema para abajo, así como a los funcionarios públicos y privados… ¿Aún existe alguien honorable? ¿Existe la regionalización de la corrupción? Los recientes casos de Guatemala y Honduras, son ejemplares, las personas implicadas en Honduras no son funcionarios públicos sino privados, mientras en Guatemala la implicación de Aduanas con autoridades de primer nivel y sectores privados es visible. En todo caso las reformas constitucionales deben ampliar la prescripción, no debe existir la confabulación intelectual de corrupción y límites constitucionales para evadirse legalmente, porque esa es la puerta legal que alienta el enriquecimiento ilícito a los delincuentes de cuello blanco.

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César Ramírez

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La realidad nacional se impone con las muertes de policías, soldados, ciudadanos, niños y niñas frente a la impostergable condición de ingresos para superar el flagelo de la delincuencia organizada, el pueblo no soporta más esta incertidumbre social. Nuestra sociedad está amenazada por la delincuencia en todo sentido, nuestro horizonte es el pétreo rostro del ángel de la muerte, con escenas de vilezas indescriptibles, derramamiento de sangre gratuita, individuos degenerados cometiendo todo tipo de atropellos para mantener sus cuotas de extorciones, amenazas o presencia en determinados lugares de la nación, sus actuaciones son abominables e infinitas en su esfuerzo por magnificar el daño social. La presencia de este flagelo es constante, es una infame coexistencia de familias honradas separadas por una estrecha calle de las bandas criminales, ¿Quién levanta su mano para oponerse contra un impuesto que beneficia a la familia salvadoreña? ¿Por qué una sala constitucional se opone en la aprobación del bono de $900 millones para defender a la nación? ¿Existe una alianza para obtener ventajas políticas utilizando la violencia a su favor, como en los movimientos golpistas “desarmados”?.

Mientras el pueblo acompaña a los héroes de nuestras fuerzas de seguridad que en inferioridad se enfrentan a los delincuentes, ellos celebran la “supuesta” incapacidad administrativa como si en veinte años anteriores hubiesen combatido el fenómeno del narcotráfico y la corrupción. No obstante a grandes males, grandes remedios, en busca de recursos para financiar la seguridad nacional la imaginación no debe atarse a elementos transitorios sino a una visión de largo plazo, el Estado tiene facultades para realizar concesiones, nacionalizaciones o transferencia de bienes privados que se consideren estratégicos para financiar esta lucha desigual contra el crimen organizado. La historia de otras naciones lo demuestran: Impuestos a bienes patrimoniales,  capitales, contribuciones por ingresos superiores al promedio de los asalariados mayoritarios, contribuciones de grandes empresas etc., pero el pronóstico de ésta lectura política es deprimente;  éste es el momento de una respuesta humanitaria y pragmática, debido a que si los daños por la inseguridad son calculados tan fielmente por el sector privado con montos de cientos de millones, ¿por qué no contribuir en impuestos para proteger sus inversiones, empleados e intereses estratégicos?.

Esta situación me recuerda a Orson Welles en su película ¿qué importa si mueren?... en nuestro caso los pobres y desprotegidos – porque los señores dueños del capital tienen ejércitos privados- parafraseando a ese genio en este razonamiento siniestro –según ellos- : “entre nosotros alguien tiene que morir”…  quizás solo para demostrar fuerza… o al estilo italiano: “¿éste instrumental diabólico de la violencia es una extensión partidaria y perversa de sectores de poder, aferrados a su pasado violento obstinados en la desestabilización económica-política de la nación?..

No es justo negar el apoyo a la Seguridad Nacional sacrificando a muchos inocentes, también de abnegados policías y soldados, cuando la protección de la familia es la vocación de la nación… que incluye a todos sin excepciones.

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César Ramírez

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No puedo evadir la imagen de Ignacio Ellacuría con un tema similar hace tres décadas, bajo el concepto principal del diálogo nacional; aunque la condición actual dista mucho del conflicto civil, algunas características lo recuerdan por la descomposición social que vivimos. Ahora las instituciones funcionan, aunque “tenemos lo que nos dejaron después de todo lo que se han robado”… un breve recuento de daños y déficit se puede encontrar en los juicios a exfuncionarios de las administraciones anteriores…

Nuestra cultura generacional y me refiero a las últimas cuatro décadas, ha vivido la violencia en todo tipo de géneros, nada nuevo nos pueden contar de sangre y muerte, todo lo hemos vivido, pero la violencia no solo es la represión, también ha significado la negación de la información, la democracia, educación, transparencia y si lo observamos con calidad de opinión: “la negociación”.  Todo problema en el pasado ha sido resuelto a balazos, los opositores más que otros sectores dan fe de ese acto criminal, pero ¿qué sucede con el pillaje? ¿los grandes fraudes financieros? ¿los robos al Estado de tiempos pasados? Eso también ha provocado muertes y no solo de una persona sino de miles, muchas personas sin medicamentos, educación, sin pensiones, obligados a emigrar a “cualquier costo”, esa es violencia verificable por la cantidad de desaparecidos en el famoso camino a la frontera de Estados Unidos, las familias destruidas, las ruinas en muchos pueblos etc., aunque el conflicto se resolvió por el diálogo, es el momento de retomar esa buena práctica… los problemas tienen solución, y quienes deben conducir el proceso es la clase política por medio del diálogo.

¿Por qué deben existir ganadores y perdedores en un diálogo nacional sobre seguridad?

¿Por qué condenar el diálogo al fracaso antes de iniciarlo entre los actores políticos?

Me refiero a la clase política (como primera clave de solución) porque en un proyecto de nación todos participamos, el primer motor nacional son los partidos políticos; con solo abandonar la ideología y deponen puntos de honor, el panorama visible es desesperado en los temas de: seguridad, inversión privada, desarrollo nacional etc., que no deben postergarse.

Todos ganaremos con una solución de nación.

Aunque este razonamiento parezca ingenuo, no existe otro camino viable, porque nuestra realidad actual y la de muchos años anteriores, es la ausencia de “racionalidad política” éste concepto no ha sido incluido en una visión a futuro con deudas sociales impostergables: cambio climático, emigración, delincuencia, evasión de impuestos, narcotráfico, educación, salud, terrorismo etc.    

Un diálogo nacional debe cambiar el horizonte en ésta época de inseguridad, el enemigo principal es: la pobreza, la delincuencia, la corrupción, la exclusión social, etc.,  para Juan Pueblo “el ciudadano” que se gana la vida trabajando honradamente, que sueña con vivir en paz y progresar, el diálogo a fin de cuentas fue una herramienta exitosa, demostró ser posible en el pasado, quizás Juan Pueblo sueñe como nosotros con un diálogo posible, con soluciones verificables, en una sociedad participativa e incluyente.   www.cesarramirezcaralva.com