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A propósito del impase entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, una anécdota atribuida a Abraham Lincoln, decimosexto Presidente de los Estados Unidos (12 de febrero de 1809 – 15 de abril de 1865) nos ilustra sobre un caso jurídico que podría tener dos soluciones, dos interpretaciones, pero al final una realidad posible o en su defecto una posibilidad que reforme la constitución sobre un tema: “no escrito”, siempre y cuando exista la visión que en ocasiones no se puede ganar todo, “solo lo necesario”.

“Cuando Lincoln era un joven y prometedor abogado, tuvo dos vistas por un delito similar en el mismo día y en la misma sala. La única diferencia era que en el primero defendía al demandante y en el segundo al demandado. La exposición de la mañana le dio la razón a su defendido y ganó el pleito. Pero, por la tarde, para convencer al tribunal hubo de emplear el argumento contrario. El juez le preguntó cuál era la razón de su cambio de actitud. «Muy sencillo, señoría. Esta mañana tal vez estaba en un error, pero esta tarde sé que tengo razón»” este podría ser el caso de la elección de los magistrados declarados (in)constitucionales según la lectura de las partes interesadas. En el caso de la multicitada elección de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el fallo de la Sala de lo Constitucional llega tarde a la sociedad salvadoreña, de haber sucedido el fallo inconstitucional en el año 2006, no viviéramos este limbo legal con las consecuencias tenebrosas en el año 2012; en este punto unimos Justicia y Derechos que van de la mano con las reglas de la convivencia social,  en línea directa con el modelo del Estado de Derecho que deseamos. La solución cualquiera que sea, no puede ser una justicia elitista, ni tampoco una justicia que provoque la disolución del Estado de Derecho, por lo tanto los derechos de los magistrados electos deben ser respetados incluso los declarados “inconstitucionales”, de tal forma que un retorno al estado de “cosas” anterior al precedente sería deseable. Los sectores en contienda afirman cada uno, la lectura selectiva de “su” historia, por supuesto que los sectores pro-oligárquicos están dispuestos a colapsar la nación, su contraparte una alianza amplia de fuerzas políticas no-oligárquicas tampoco están dispuestas a ceder sus avances expresados en las elecciones; esta historia era desconocida por generaciones anteriores en nuestra joven democracia, pero este puede ser un buen punto para que ganemos todos, bajo el signo de Reformar la Constitución y reafirmar la vocación de la República hacia una sociedad justa. Los mares de tinta destinados a este conflicto también deben orientar hacia la paz, hacia la deposición de la violencia, hacia una solución que proponga una reforma constitucional donde se exprese que la Asamblea Legislativa solo pueda elegir una vez a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cada tres años (en su período vigente), desafortunadamente al no estar escrita, cada quién la interpreta a su manera, en algo recuerda aquella lógica elitista: “sino es ilegal es ética”, que es la base de muchos desafortunados eventos históricos no solo en esta nación.

Pero se trata de encontrar soluciones, en este caso una solución de buena voluntad-política.

Si la política es la culminación del derecho como escribió Luis M. Faría, “la mejor política es hacer el bien, como elemento natural del derecho”.

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Los fallos de la Sala de lo Constitucional, son inapelables.  No obstante la sociedad civil contempla el juego mediático que algunos celebran y otros condenan, es notable la ausencia del pueblo en esta querella de juristas y políticos, todo se debe a una interpretación genuina sobre la elección de “magistrados (in)constitucionales”, puesto que antes de ese fallo todo parecía transcurrir entre juramentos de fraternidad sin límites, pronto eso cambió porque se detonó un artefacto que colocó a la Asamblea Legislativa en punto de colisión con la Sala de lo Constitucional, el detonante se denomina: “control político”. Es muy extraño que este hallazgo extraviado en el tiempo no apareciera en el siglo XX y tampoco en estos años del siglo XXI, resulta que su condición de “inédito”, ha creado una situación sin precedente en la Corte Suprema de Justicia: dos cortes, dos presidentes (a partir del 15 de julio),  magistrados que no pueden ingresar a sus despachos, parálisis de fallos de diversas salas, el honor de los magistrados dañado puesto que no se les permitió defensa alguna, etc. mientras la sociedad civil parece asistir al Coliseo Romano a pedir la vida o muerte de los gladiadores, en la arena son las espadas del poder las decisivas. Observamos un poder decadente oligárquico que no atiende a principios morales, representado por sus organizaciones que se oponen a perder añejos privilegios. Esta discusión constitucional es histórica, nunca antes existió semejante panorama en el plano jurídico, con dos polos aparentes, el concepto jurídico pro-oligárquico y el renovador,  similar a un gladiador blanco u otro rojo que lucha a muerte con sus mejores armas, el espectador es el pueblo,  ¿qué tiene que ver Juan Pueblo con el veredicto del “control político” en la Asamblea Legislativa? ¿Quién le preguntó a Juan Pueblo si está de acuerdo con las decisiones de la clase política ahora o hace 6 años?, de esta manera se manipula a la opinión pública, así las tormentas mediáticas transforman a los buenos en malos y a santos en demonios, cuando en realidad es una pugna de renovación entre sectores de la clase política.

En el fondo de esta discusión constitucional está  la vocación de la nación hacia desconcentración del poder tradicional de pequeños grupos,  el rechazo a su hegemonía jurídica y controles de justicia que tanto daño han causado en otros tiempos. Como la norma constitucional no tiene impresos los límites del “control político” no se tiene más remedio que acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional, pero esto no significa renunciar al poder constitucional otorgado a la Asamblea Legislativa. Así la solución reside en los mismos actores políticos,  quienes flexibilizarán sus posiciones antes de invitar al caos a la fiesta, donde no habrá retorno a la paz “jurídica”. Reformar la constitución es inevitable en el tema del control político, al menos aprender de la historia es de sabios.

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Nos movemos entre maniobras políticas bajo argumentos jurídicos, en esencia el derecho implica refinadas acciones de intereses de poder, tanto “intransigente” como “renovador”. El escenario actual entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa es una cuestión de escenarios que chocan por la conducción de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República entre otros. Asistimos al fin de una era cargada de abusos del sector “intransigente” ese poder antiguamente llamado oligárquico que engloba a poderosos capitalistas que ciegos de poder han ejercido durante décadas un rígido esquema de dominio que tiene como característica su ausencia de modernismo, es una derecha que no entiende de razones, puesto que tiene como bandera que esta nación les pertenece, así  como hace 200 años eran dueños de haciendas y todo lo que se encontrara en su territorio, los cambios para ellos son esencialmente: “comunistas”. El movimiento “renovador” constitucional está conformado por una nueva alianza democrática conformada no por una coalición formal, sino por intereses políticos que se oponen a la decadente derecha intransigente, el mapa que propugna por los cambios constitucionales es claro, es la correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa.  Los sectores que apoyan o no  los fallos de la Sala de lo Constitucional nos muestran el mapa social de la opinión pública, que avanza hacia la crispación de los sectores en pugna, escenario peligroso que impide la objetividad y en consecuencia soluciones políticas. La secuencia de acciones negativas por el grupo intransigente a partir de la instalación de un gobierno de izquierda desde el año 2009, tienen en común el signo que propiciar la ingobernabilidad, incluyendo acciones heredadas como: la quiebra del Estado, los hospitales jamás construidos, la transferencia presupuestaria de un Ministerio a otro a discreción de los presidentes durante 20 años, etc. ellos son los fariseos que defienden ahora la Constitución, pero jamás pronunciaron ni una leve queja, ante esas acciones extrañas, quizás porque eran parte de la rosca dorada, ahora a la luz de una nueva alianza renovadora en la Asamblea Legislativa que impulsa el fin del reparto partidario del poder judicial, se oponen a todo incluso a las decisiones que corresponden a la Asamblea Legislativa. Es muy extraño que los fallos de la Sala de lo Constitucional impliquen acciones desde el año 2006 en adelante, ¿por qué no se detectó este vicio durante estos años?... ¿dónde estaban los brillantes juristas pro-oligárquicos? Si el objetivo es ejercer un control constitucional sobre el poder político (de la Asamblea Legislativa u otros), parece que es el camino de Saulo a Damasco, puesto que habría que Reformar la Constitución y normar este capítulo. Cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional paradójicamente es inapelable y patético para la nación. Ahora nuestra constitución tendrá un fallo en Nicaragua, quizás sea nuestro camino a Damasco.

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Cuando un fenómeno es recurrente como el caso de Honduras el  28 de junio 2009, donde Roberto Micheletti sustituye a Manuel  Zelaya como mandatario interino, la comunidad internacional calificó la situación de golpe de Estado; hace unos días el 22 de junio de 2012 el Congreso de la República de Paraguay destituyó al Presidente Constitucional Fernando Lugo en un juicio relámpago de 5 horas, la comunidad internacional reacciona calificando dicho evento de igual forma: Golpe de Estado.  Este cambio no es el clásico evento del siglo pasado, sino una acción que implica varias fuerzas concurrentes, entre ellas la traición de un sector poderoso del mismo partido gobernante al negar su apoyo en el congreso a su dirigente y la confabulación con fuerzas opuestas al liderazgo del presidente constitucional. Algunos argumentos contra Manuel Zelaya fueron: “salvar a la patria”, “contener al comunismo internacional”, “ruptura constitucional”, “ilegalidades en el orden institucional” y rechazar todo argumento intelectual a favor de la continuidad democrática; esa retórica es muy similar a los argumentos de las oscuras fuerzas de Paraguay al afirmar algunos miembros del Congreso : “un mal desempeño de sus funciones” y con 39 votos a 4 (2 ausentes) se declaró culpable al presidente, procediendo a su destitución, puesto que se superaron los dos tercios de los votos tal como lo exige su Constitución, el resultado es el mismo, la democracia caduca ante una interpretación de la clase política que traiciona la continuidad de los procesos constitucionales. Una lectura inicial de estos fenómenos parecen indicar que la democracia no es para siempre en el siglo XXI, tampoco la delegación política y el apoyo a su liderazgo de cambio de los ciudadanos a un presidente, son acontecimientos inéditos pero ahora no parecen aislados, asemejan eventos cíclicos y focalizados, como réplicas de espejos diabólicos, de tal forma que no será extraño que sucedan en cualquier otra nación donde una interpretación (-i-legal) constitucional puede ser esgrimida para una destitución presidencial con una velocidad sorprendente, mandando al carajo el apoyo ciudadano hacia su mandatario, como en los viejos tiempos del autoritarismo. Si este es el destino de la democracia latinoamericana, nos aproximamos al fin de una era de teoría política, puesto que esos eventos demuestran que la democracia tiene caducidad por confabulación legal de la clase política, con un resultado desconcertante en: tiempo, gestión y liderazgo, parece que los períodos de delegación política ciudadana están destinados a terminar prematuramente. Resulta evidente que existe la traición de sus propios partidos al cambio impulsado por ambos presidentes y la prisa por su destitución, tampoco importa las consecuencias nacionales e internacionales.  La clásica pregunta de Alberto O. Hirschman: “Retóricas de la intransigencia”, dice: dentro de la democracia: ¿qué podemos hacer?: “cambiarla, perfeccionarla, destruirla, revolucionarla”…según los nuevos parámetros en Honduras y Paraguay la respuesta parece ser además: “caducarla y apropiarla” a gusto de la clase política. Nuestro país que parece caminar al borde del abismo con interpretaciones divergentes entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, se discute extrañamente un argumento parecido: continuidad o no del orden constitucional, la historia al menos tiene dos ejemplos recientes y sus resultados son la caducidad democrática y apropiación del período presidencial.

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Aquél 20 de junio de 2010 aconteció un acto de terrorismo cometido por pandillas al incendiar un microbús donde fallecieron 17 personas y lesionaron a más de 14 con quemaduras de tercer grado, es un suceso que debe permanecer en la historia nacional como inolvidable, es lo menos que podemos hacer por las víctimas inocentes de esa tragedia. No olvidar es recordar ese crimen, no olvidar es perseverar en el sentido de libertad ante ese atropello, así pasen 200 años. Un evento de esa naturaleza implica la moral de los ciudadanos y la justa indignación por la violencia desenfrenada de las autodenominadas maras, las cuales solo tienen como objetivo: delinquir y asociarse para destruir a las instituciones democráticas. Estos actos tienen una saga de impunidad jamás observada por estructuras delictivas y crimen organizado, existen muchos jóvenes desaparecidos, asesinatos de profesionales, maestros, padres de familia, niños, niñas, miembros de ONG, periodistas como Christian Poveda etc.,  una larga lista de inocentes que claman justicia.

En ciertos momentos tan amargos como ese día, las víctimas se muerden los labios para no proclamar la venganza efectiva contra toda esa agrupación terrorista, los familiares de las víctimas poseen el honor de pedir el máximo de la justicia, a pesar que en otras circunstancias el mismo pueblo alzado en armas ha dado muestras de un coraje insuperable a lo largo de la historia ante enemigos mucho más fuertes. Esas acciones terroristas provocan el ánimo de tomar la justicia en las manos para construir una paz que reivindique a la nación, situación en extrema peligrosa que los salvadoreños conocemos con mucho dolor, con mucho luto, con demasiados huérfanos y destrucción, pero según parece estas estructuras no miden la capacidad del Estado ni del pueblo en su calidad de respuesta, son ignorantes de coraje que poseemos debido a que la construcción de la democracia proclamó una justicia tan generosa que no promueve el odio ni la venganza, por el contrario pide la transformación de los delincuentes. No obstante: ¿Ésta justicia ampara a las víctimas de tanta violencia? Si sucede ese momento,  el odio desatado será el peor remedio a este cáncer, por ello parece que vivimos en la frontera de ese abismo mortal que arrasará a miles de vidas de esas estructuras, pero también otros tantos inocentes, por esa razón el canto de la venganza debe evitarse, pero a cambio las maras deben desaparecer. Acá no se necesita fabricar enemigos, acá no se busca una guerra, suficiente con la justicia para esos actos terroristas, los cuales son calificados internacionalmente de crímenes contra la humanidad. Aquellos que niegan estas verdades son similares a los defensores de Osama Bin Laden con sus atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La ciudadanía debe ejercer el poder de la denuncia, no debemos temer a estas estructuras, nuestros jóvenes merecen la libertad que nosotros hemos conocido por breve tiempo, el ejercicio de las leyes debe imperar, a pesar que el fallo de ciertos jueces ahogue nuestros gritos de indignación por la mala administración de la Justicia. Cómo calificar la liberación de delincuentes por negligencia al corroborar sus sentencias, la libertad de asesinos, el asesinato de testigos, etc. La democracia debe prevalecer, el odio debe desterrarse, pero las maras deben desaparecer.

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La frontera entre el carácter ideológico y la gobernabilidad no debe confundirse. La saga de esta frágil demarcación  no existía antes del primer gobierno de izquierda a partir del año 2009, ¿Por qué acontecen estos fallos inconstitucionales ahora y no antes? ¿Acaso se inaugura un nuevo modelo legal o una nueva lectura de la Constitución? ¿Recién se descubre que vivíamos en el fraude, la usurpación, en un espacio de componendas, compadrazgos, repartos, etc?, Antes del año 2009, nunca existió conflicto legal tan    poderoso como ahora, su enfrentamiento es una línea de fuego que amenaza el sistema democrático con una parálisis jurídica del  Estado.  Desde el primer momento del gobierno actual, una serie de irregularidades han aflorado como hongos en primavera, éstos eructos malignos tienen como vértice común: el inefable Golpe de Estado ó la parálisis económica  bajo diversas denominaciones, paralelo a ello una línea de conflictos en permanente comunicación transmite que recorremos la democracia en peligro de la inconstitucionalidad; recordemos que se interpusieron una serie de argumentos contra el nombramiento del ministro de defensa, una acción sorprendente fue un 29 de abril 2011, la Corte Suprema ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) proceder contra el PCN y PDC, al declarar inconstitucional el decreto del salvataje que permitía a dichos institutos permanecer vigentes como fuerzas políticas, con posteriores argumentos y contraargumentos en el Tribunal Supremo Electoral, esta discusión terminaría hasta marzo de 2012, con la cancelación de los partidos. Junio de 2011 la CSJ afirma que los magistrados miembros de la Sala de lo Constitucional admitieron un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley del Presupuesto 2011, en el cual no aplicará el decreto 743. Las votaciones requerirán cuatro de los cinco magistrados y no un acuerdo unánime. En octubre de 2011 la Sala de Constitucional eliminó los requisitos a candidatos no partidarios, declarando inconstitucional parte del decreto legislativo 555, que imponía restricciones de plazos a candidatos. En el mes de junio de 2012 declara por unanimidad, inconstitucional la elección de Magistrados de la CSJ por las legislaturas 2003-2006 y 2009-2012, indicando que se violaron los artículos 186 inciso 2º, 83 y 85 de la Constitución. No obstante magistradas afectadas defiende su elección apegada a la Constitución. El panorama confuso no obstante tiene soluciones fáciles. La Sala de  lo Constitucional ordenó repetir la elección, para lo cual la Asamblea Legislativa debe usar la lista de candidatos que el CNJ envió en 2006. Hasta el momento todos los fallos de la Sala Constitucional han sido acatados, a pesar de severos obstáculos y muchas discusiones a favor y en contra. Prudencia es una de las cuatro virtudes cardinales, “moderación en el comportamiento a lo sensato o exento de peligro”. La prudencia debe imponerse, acatar el fallo es el menor de los males, en todo caso… “más se perdió en la guerra”.

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