Caralvá
Cuando un fenómeno es recurrente como el caso de Honduras el 28 de junio 2009, donde Roberto Micheletti sustituye a Manuel Zelaya como mandatario interino, la comunidad internacional calificó la situación de golpe de Estado; hace unos días el 22 de junio de 2012 el Congreso de la República de Paraguay destituyó al Presidente Constitucional Fernando Lugo en un juicio relámpago de 5 horas, la comunidad internacional reacciona calificando dicho evento de igual forma: Golpe de Estado. Este cambio no es el clásico evento del siglo pasado, sino una acción que implica varias fuerzas concurrentes, entre ellas la traición de un sector poderoso del mismo partido gobernante al negar su apoyo en el congreso a su dirigente y la confabulación con fuerzas opuestas al liderazgo del presidente constitucional. Algunos argumentos contra Manuel Zelaya fueron: “salvar a la patria”, “contener al comunismo internacional”, “ruptura constitucional”, “ilegalidades en el orden institucional” y rechazar todo argumento intelectual a favor de la continuidad democrática; esa retórica es muy similar a los argumentos de las oscuras fuerzas de Paraguay al afirmar algunos miembros del Congreso : “un mal desempeño de sus funciones” y con 39 votos a 4 (2 ausentes) se declaró culpable al presidente, procediendo a su destitución, puesto que se superaron los dos tercios de los votos tal como lo exige su Constitución, el resultado es el mismo, la democracia caduca ante una interpretación de la clase política que traiciona la continuidad de los procesos constitucionales. Una lectura inicial de estos fenómenos parecen indicar que la democracia no es para siempre en el siglo XXI, tampoco la delegación política y el apoyo a su liderazgo de cambio de los ciudadanos a un presidente, son acontecimientos inéditos pero ahora no parecen aislados, asemejan eventos cíclicos y focalizados, como réplicas de espejos diabólicos, de tal forma que no será extraño que sucedan en cualquier otra nación donde una interpretación (-i-legal) constitucional puede ser esgrimida para una destitución presidencial con una velocidad sorprendente, mandando al carajo el apoyo ciudadano hacia su mandatario, como en los viejos tiempos del autoritarismo. Si este es el destino de la democracia latinoamericana, nos aproximamos al fin de una era de teoría política, puesto que esos eventos demuestran que la democracia tiene caducidad por confabulación legal de la clase política, con un resultado desconcertante en: tiempo, gestión y liderazgo, parece que los períodos de delegación política ciudadana están destinados a terminar prematuramente. Resulta evidente que existe la traición de sus propios partidos al cambio impulsado por ambos presidentes y la prisa por su destitución, tampoco importa las consecuencias nacionales e internacionales. La clásica pregunta de Alberto O. Hirschman: “Retóricas de la intransigencia”, dice: dentro de la democracia: ¿qué podemos hacer?: “cambiarla, perfeccionarla, destruirla, revolucionarla”…según los nuevos parámetros en Honduras y Paraguay la respuesta parece ser además: “caducarla y apropiarla” a gusto de la clase política. Nuestro país que parece caminar al borde del abismo con interpretaciones divergentes entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, se discute extrañamente un argumento parecido: continuidad o no del orden constitucional, la historia al menos tiene dos ejemplos recientes y sus resultados son la caducidad democrática y apropiación del período presidencial.
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