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La acusación de la Fiscalía General de la República contra ex funcionarios públicos, connota una visión jurídica insospechada hace tan solo unas décadas, en nuestra nación algunos servidores públicos ingresaron a sus empleos con patrimonios pobres y al salir de la administración poseían bienes que superan la capacidad de la explicación financiera, esa ha sido la norma hasta el momento que se concreta el precedente por el delito de peculado en el caso de ENEL-CEL.

Nuestra sociedad aspira a la democracia, los cambios regionales e internacionales nos exigen normas de control y reglas claras, deseamos un modelo incluyente, plural, participativo, donde la responsabilidad ciudadana no termine en una elección, sino se prolongue durante la administración gubernamental, por esta razón el caso de ENEL-CEL tiene una arista que nos corresponde, puesto que al final todo ese patrimonio pertenece al pueblo.

El Sector Público es parte de la nación al cual debe pedírsele cuentas, no pueden ser ajenos a la justicia como lo ha sido en la tradición de subdesarrollo que arrastramos con vergüenza, porque la corrupción también mata inocentes, la corrupción roba salud, educación o infraestructura de los pobres a los cuales les pertenece ese patrimonio dilapidado.

Este caso como otros emblemáticos nos demuestra que los funcionarios no están a la altura que la sociedad reclama, quizás porque en lugar de solicitar grados académicos se pide membrecía política, de tal forma que los implicados además de poseer filiación partidaria otorgan tributos a los jefes superiores, al final es una pirámide de corrupción visible en el actual proceso.

Hace tiempo que la sociedad pide el funcionamiento de las instituciones, que funcionen las leyes, que la aplicación de justicia no solo capture a los desamparados y beneficie a los potentados, en pocas palabras que se combata la impunidad.

La sociedad del siglo XXI debe corregir y sancionar los desvíos de la ley, tal cual es el origen de este caso, una trama de interpretación jurídica en contra de los intereses del Estado y en la oscuridad de conjuras que solo benefician a sus protagonistas.

Si no existiera corrupción en nuestra nación, seríamos una nación próspera y sin abismos económicos.

Siempre solicitamos Reformas Constitucionales porque casos como el mencionado provocan daños irreparables, tanto que las fortunas nacionales aparecen en Florida o los paraísos financieros, de estas situaciones algunos periódicos norteamericanos hacen referencias antiguas.

Así como se pide una declaración jurada a los funcionarios públicos al otorgarles un cargo, así debería ser público todo su patrimonio al salir de  su mandato constitucional, un Registro Patrimonial con Acceso Público que marque su evolución y seguimiento es urgente, de otra forma el enriquecimiento inexplicable será la norma al final de cada quinquenio.

Si la justicia funciona, podemos estar seguros que el reconocimiento no solo será nacional, sino internacional. La nación se merece un futuro mejor y la dignidad del pueblo también.

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El problema es la denominación “delegación política”, durante muchos años vivimos una democracia que deposita las decisiones en instituciones a nombre de los ciudadanos, estos son los poderes del Estado, no obstante durante los últimos veinte años parece que ese modelo se agotó debido al colapso del partido en el gobierno que dilapido todo el capital social y confundió el concepto de los límites entre partido y gobierno, así durante veinte años aquella forma de gobernación era : “partido-gobierno” sin distinción alguna, era lo mismo miembros de dirección política y ministros, el presidente era el máximo representante del partido y gobernante de la nación, eso llevó a severas distorsiones que aún tienen huella en la sociedad civil. Durante esos años vivimos un modelo democrático amparados en las elecciones y la delegación de la representación política, pero con un nuevo gobierno la situación cambió, no es lo mismo presidente de la nación y presidente del partido político oficial, esa es una diferencia.

No obstante en los últimos años se observan evidencias que la democracia en algunos aspectos necesita de un nuevo tanque de oxigeno o en su defecto una Reforma Constitucional, puesto que algunas decisiones de las instituciones como la Sala de lo Constitucional no representan la voluntad popular,  de la misma manera que algunas decisiones de la Asamblea Legislativa; ese vacío es crucial para el desarrollo de la democracia participativa.

Los temas que preocupan al final pueden agruparse en la vocación de la nación, elementos sobre los “juicios políticos”, “atribución de competencias” de los poderes del Estado o “registro de bienes” de los servidores públicos.  Estos elementos pueden ser compendios de leyes e interpretaciones, pero interesa que los poderes distinga la división y que estos instrumentos del Estado solo hagan lo que la ley permite expresamente, “debiendo abstenerse de acciones para las que carezcan de facultades conferidas por las leyes”.

Así cuando hablamos del espíritu de las leyes, -cuestión de moda en este gobierno, pero curiosamente sin precedente en los últimos veinte años-  los fallos resultan en interpretaciones jurídicas notables.

Ahora existen interpretaciones a favor y en contra de la destitución de funcionarios, quizás sea la norma y no la excepción, pero evidencia la parálisis de interpretaciones entre órganos del Estado así como la división de poderes, al final la discrepancia no debe significar una división nacional, entre partidos o un grupo de intereses, sino debe ser una contribución hacia la dignidad del pueblo y la vocación nacional; este conflicto de interpretación de visión de poderes no pueden prolongarse al infinito, menos durante un período pre-electoral, como ciudadanos nos corresponde tomar la iniciativa y solicitar Reformas hacia una democracia participativa, que exista en su momento una consulta popular para solucionar estos impases, así sea por interpretación constitucional o la reforma a diversos artículos que deben actualizarse.

Luis F. Aguilar (mexicano) en uno de sus comentarios anotó: “En geometría, ante los teoremas se decía siempre: “lo que hay que demostrar”, en política es recomendable decir: “Lo que hay que realizar”…

Así para evitar los eternos conflictos entre poderes, realizar reformas tiene menos costos que descarrilar el tren de la nación por interpretaciones no escritas en las leyes actuales.

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Hace unos días (18OCT013)  el alcalde de Osicala, Departamento de Morazán: Fredy Edilberto Villeda García fue emboscado mientras realizaba gestiones municipales, ayer (21OCT013) otra personalidad de estructuras políticas Vicente Valdivieso y su hijo Juan,   sufrieron la misma suerte, estos trágicos eventos acontecen en medio de un clima político viciado por la desinformación, donde los foros de opinión son orientados hacia estrategias electorales y no hacia objetivos constructivos.

La realidad es que dos prominentes miembros de la clase política fueron asesinados por personas que no tienen ninguna calidad de valores morales, ni cívicos, ni siquiera cristianos, dejando una saga de luto en la sociedad salvadoreña.

El mensaje de violencia ahora se orienta hacia la clase política.

Mientras cientos de ciudadanos han sufrido estas acciones, ahora la resonancia de estas acciones invade un sector que durante mucho tiempo se ha considerado intocable, no obstante los tiempos están cambiando.

En estos momentos vivimos en la violencia como en tiempos de la guerra, navegamos en tormentas de tragedia cotidiana, pero no debemos aceptar un destino en forma pasiva, la clase política es ahora la que tiene el turno de su defensa social.

El escenario donde casualmente dos miembros de la clase política de diferentes partidos son afectados, debe poner en guardia a quienes toman las decisiones de gobernación, debido  a que los instrumentos de control sobre estas organizaciones criminales ha rebasado todo mecanismo de contención y ahora avanza hacia intereses territoriales donde solo los políticos tenían espacio… es tiempo de reaccionar.

La lectura de este panorama recuerda muchas acusaciones del pasado, donde las acciones corruptas invaden las esferas políticas, pero estas denuncias nunca llegaron a los tribunales de justicia, solo terminan en rumores. Existe un rosario de episodios sangrientos (Posada Carriles se pasea por San Salvador y abre negocios legales, el asesinato de diputados en Guatemala, el Cartel de Texis, la muerte de Facundo Cabral, incluso el Aeropuerto de Ilopango está relacionados con narcotráfico, etc) de esta manera personalidades políticas han sido mencionados, no obstante la justicia salvadoreña parece rezagarse en acciones preventivas.

La clase política debe reaccionar en forma social, con investigaciones visibles y que eliminen cualquier amenaza, puesto que ahora desde su seno surge este peligro definitivo, donde el enemigo interno se esconde, es cuestión de sobrevivencia.

Las soluciones posibles deben ser categóricas, nuevas leyes son necesarias.

Quizás ahora reaccionen como nación, cuando los miembros de la clase política se convierten en la primera línea de su propia defensa.

¿De dónde proviene esta inestabilidad?

¿A quién interesa la ingobernabilidad?

¿Es parte de un escenario de violencia electoral?

Tenemos lecturas parciales del fenómeno, pero comprendemos que los límites de seguridad no funcionan, solo sabemos del dolor y luto provocado en la familia salvadoreña, exigimos como ciudadanos la pronta captura de los responsables y una acción de justicia visible.

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¿Qué significa independencia partidaria?.

Ese debate tiene características sin revolver en la historia personal o nacional, si agregamos el factor profesional o académico entonces todos tenemos un partido.  Debido a la relación contractual con un organismo rector, un abogado contratado por una entidad política, se convierte en un actor político puesto que su ejercicio notarial fue ejecutado para una institución partidista, de igual forma un banco, un ingeniero, telefónicas etc. es un conflicto de derecho ciudadano.

Pero mi punto de vista es que la discusión no se limita a una persona específica que se declara por su acción profesional u opción política miembro o perteneciente a una institución, sino a la oposición a los decretos legislativos y “la forma de gobernación”, así mañana puede existir otro presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia electo por la Asamblea Legislativa y  sí a criterio de la Sala Constitucional no tiene solvencia moral o independencia política, acontecerá de nuevo una sentencia pública humillante.

Las sentencias tiene diferentes lecturas en la sociedad civil, son lecturas que afecta a grandes conglomerados, por ejemplo: la petición de aborto de Beatriz 30MAY013, “según ellos no corre riesgo alguno en su salud”, esta declaración es temeraria, puesto que ellos no son médicos son abogados, el caso no termina con Beatriz, se inicia en todas las mujeres expuestas a este riesgo, además que existe coacción severa en los hospitales ante situaciones preventivas, se castiga a las mujeres penalmente, pero no se les compensa su salud por los riesgos en sus propias vidas, ni por productos con severos daños congénitos, ¿esta opción fue producto de grupos sociales poderosos o una sentencia aplicada al derecho de las mujeres?.

Un 17 mayo de 2013 la Sala Constitucional ordena la salida de los generales que dirigían Seguridad y la Policía, es irónico que generales en retiro serán siempre militares, jamás retornarán a la calidad de civiles, ésta lectura puede calificarse no apegada a derecho, no obstante la sentencia fue acatada; ¿Qué grupo de poder está interesado en desordenar un plan de seguridad exitoso hasta aquél momento?.

06JUN012  Se declara inconstitucional la elección de magistrados del período 2003-2006 y 2009-2012 por violar los artículos 185 inc.2  y 83 y 85 de la Constitución, que evidenció los severos conflictos dentro del Poder Judicial y esta situación se extrapoló hasta la Corte centroamericana de justicia; ¿asistimos a una acción sistemática entonces que tiene intereses particulares? La discusión puede continuar al infinito, pero es evidente que la velocidad de sentencia en algunos casos contrasta con el clima político nacional. La lectura de estas situaciones nos llevan a la fragmentación social, es el inverso de la fatalidad nacional; así en situaciones de emergencia la nación se une ante la calamidad pública, pero ante el florecimiento de la democracia ésta nos lleva a la desunión; la constitución parece interpretarse al ritmo de los grandes intereses económicos y conservadores del viejo modelo oligárquico.

En breve conoceremos otros fallos que no sorprenderán por su interpretación, entre ellos recursos de inconstitucionalidad ante candidaturas presidenciales, Tratado de Libre Comercio, Ley Antiterrorista, ¿a quienes beneficiarán estos fallos? ¿Serán químicamente puros? El futuro no es optimista en estos casos.

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Inestabilidad a la vista, los problemas del presupuesto general de la nación parecen ser el núcleo generador de los actuales conflictos sociales, es tal la magnitud de este evento que sus vértices tocan elementos de campaña electoral, manipulación política, estrategia negativa partidaria y además rumores de eventos dramáticos.

El centro de gravedad implica la manipulación de millones de dólares destinados a diversos proyectos, pero ese punto tiene diferentes lecturas, para unos significa el abandono salarial y para otros justificaciones constitucionales.

Sin pasiones observamos que algunos ministerios obtienen enormes ventajas sobre otros, los más perjudicados son Educación y Salud, estas entidades históricamente son casi abandonadas a su suerte, mientras otros poseen aumentos porcentuales indignantes. En el Ministerio de Salud existen trabajadores de segunda y tercera categoría, una breve revisión de sus contratos puede llevarnos a lecturas sorprendentes, en muchos casos el grado académico no es retribuido de igual manera a pesar de ser parte orgánica de la misma entidad,  no obstante esas escalas salariales no tienen comparación con sus homólogos, si los comparamos con el Ministerio de Justicia, el resultado es un absurdo.

Vivimos en mundos diferentes dentro del capitalismo, mientras la mayoría lucha por pensiones dignas otros disfrutan de pirámides de oro heredadas del antiguo sistema de reparto, no obstante el sistema de pensiones privados ofrece la variante de conocer el monto de cotización, pero no brinda garantía que los pensionados puedan hacer uso de ese monto, es como poseer una cuenta virtual pero lo concreto se mide solo mes a mes, gota a gota.

Las diferencias entre trabajadores es de tal magnitud que un motorista de la Corte Suprema de Justicia o Asamblea Legislativa no tiene equivalente dentro de los trabajadores de otros ministerios…

Parece que la moneda de cambio de campaña electoral 2014, es el presupuesto con fines políticos, no podemos escapar a ese modelo perverso,  pero como ciudadanos sabemos que sin educación y sin salud, poco podemos hacer frente al desafío del subdesarrollo, la realidad es miserable.

Las personas que toman decisiones, deberían de recortar dinero a los ministerios de lujo y si mañana los declaran inconstitucionales, habría que recordarles que ese dinero no llega del cielo, sino de los impuestos a los trabajadores.

Se trata de realidades visibles, esas condiciones para los sectores populares son incomprensibles, puesto que el fin de la política es “hacer el bien”.

Necesitamos reformas a esta desigualdad ofensiva, reformas constitucionales, que nos permitan construir una nación diferente, si durante décadas han funcionado negativamente, esta situación debe cambiar ahora. La lectura de las asignaciones presupuestarias nos revelará una lectura política, necesitamos un presupuesto nacional a favor de los trabajadores.

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Ellos decidieron cerrar ese maravilloso organismo que contiene la memoria del pueblo salvadoreños durante la década de los años ochentas y noventas, esa entidad que contiene los testimonios y la extraordinaria defensa de los derechos humanos, no podemos más que proclamar que la memoria del pueblo salvadoreño es patrimonio de la humanidad.

Existen en nuestra nación organismos que podrían “asilar” todo el acervo de la entidad que sin justificación alguna es clausurada en este momento, si esto aconteciera en otra nación la respuesta sería jurídica en la defensa del patrimonio cultural, quizás es el mejor momento de llamar al Vaticano y al Papa Francisco para recordar la historia, recordar a otra iglesia que defendió los Derechos Humanos del pueblo y de muchos sacerdotes, incluyendo la memoria del Consejo Superior Universitario de la UCA.

Cualquier persona que lea unos cuantos archivos comprenderá el valor que contienen, son más de cincuenta mil denuncias, con tres décadas de funcionamiento, cualquier persona que visitó ese sitio en aquellos años tan dolorosos, reconoce la única puerta abierta que defendía a los desprotegidos. El milagro de vida en aquellos testimonios, no puede ser obra humana, con relatos tan sorprendentes que ratifican la gran iniciativa de Monseñor Oscar Romero, Socorro Jurídico del Arzobispado salvó vidas, creo esperanzas, protegió a los pobres, mereció reconocimientos internacionales, ese es el fruto de la defensa de los Derechos Humanos.

De los trabajadores desempleados, el momento no puede ser más inoportuno en medio de la crisis mundial y el repentino cierre de su centro laboral, con tan pocas posibilidades y sin previo aviso, es una tragedia.

Es momento de recordar a Fray Francisco de Vitoria, que no solo creó el Derecho Internacional Moderno con énfasis pacifista y promovió los derechos de los americanos ((Burgos, España, 1483/1486-Salamanca, España 12 de agosto de 1546) y al notable Antonio de Montesinos fraile dominico que proclama la defensa de las etnias,  denunció el abuso de los encomenderos en la Isla Española, su ejemplo causó la conversión de Fray Bartolomé de las Casas en la defensa de los pueblos originarios. ¿Acaso repetimos esa historia de la Junta de Valladolid 1550-1511? Cuando dos posiciones dentro de la Iglesia se enfrentan, la defensa de los derechos humanos representados por Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda apoyando la supremacía de los conquistadores… la historia ha demostrado quién tenía la razón. Esta situación parece tan vigente cinco siglos después. Parece que la historia se repite. Como dicen los latinos: “el olvido es el enemigo”… en nuestro caso perder esos archivos y la entidad es similar otras grandes conflagraciones de libros y memorias, como la quema de la Biblioteca de la Universidad de El Salvador en 1972, las censuras de los periódicos locales en 1932, la invisibilidad étnica y afrosalvadoreña a partir del martinato, es un mal mensaje para las futuras generaciones.

¿Se intenta acaso fundar una nueva historia sin la guerra civil?.

Por esta razón solicito un Asilo documental para los Archivos de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, pido ayuda para los trabajadores y sus familias, creo que la petición del pueblo salvadoreño puede llegar al Vaticano o cualquier entidad que preserve esos documentos tan valiosos. Suprimir los archivos es perder la vocación en Derechos Humanos de la nación.

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El Tribunal Supremo Electoral convocó el día 23 de septiembre de 2013 a elecciones presidenciales el 2 de febrero de 2014, tal cual estaba previsto desde el año pasado al divulgar su calendario de elecciones, no obstante desde hace meses los aspirantes a candidatos y sus partidos han realizado una “precampaña” sin ninguna restricción, condición que en este momento ha deteriorado muchas iniciativas ciudadanas por atribuirlas a partidos políticos en lugar de legítimas reivindicaciones populares.

Las consecuencias del adelanto de la campaña presidencial no oficial han provocado: opiniones irresponsables, versiones interesadas, erróneos argumentos de la visión nacional, graves infundios, descréditos, daños a la moral, llamados a “tomar un fusil”, presunciones de fraude, etc., muchos de estos elementos divulgados por diversos medios de comunicación social con resultado negativo en la opinión pública, ello debilita la credibilidad en la institucionalidad democrática y sus instrumentos jurídicos.

El clima electoral provoca distorsiones en todo nivel de la nación, mucho más si esta precampaña ha lanzado los indicios de un combate feroz entre personas y entre grupos de capitales que asumen intereses más allá del sistema democrático, de ahí el llamado a la mesura en los pronunciamientos públicos y la prudencia en los planteamiento de las propuestas genuinas, como dicen en Suramérica: “ya no queremos alfombras mágicas para castillos en el aire”.

Cuando un diputado afirmó que “tomaría un fusil”, sabía perfectamente el daño que puede causar, esto se demostró días después el 16 de septiembre en Estados Unidos de América, cuando Aarón Alexis con un fusil cometía un acto criminal en un astillero norteamericano, ese es el producto de una sola arma en manos de los insanos; otro pronunciamiento irresponsable es proclamar un “supuesto fraude” en el siguiente evento electoral; si unimos estos elementos: “tomar un fusil” y “fraude electoral” el resultado es predecible.

Depende de nosotros los ciudadanos que las cosas cambien, es inaceptable proclamar violencia y esperar un mundo de paz y amor, es inaceptable proclamar fraude electoral en estos momentos y mantener esa insidiosa proclama para culminar una crisis de gobernabilidad.

A partir del 23 de septiembre cumplimos el Art. 81 de la Constitución que dice: “La propagada electoral sólo se permitirá, aún sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida por la Ley para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República; dos meses antes, cuando se trate de Diputados y un mes antes en el caso de los Consejos Municipales…” con un poco de voluntad política, nos habríamos evitado esas proclamas que no ayudan en nada al modelo democrático que aspiramos. Si cumpliéramos la Ley, evitaríamos deteriorar la credibilidad de las instituciones democráticas, el daño al honor de los aspirantes a candidatos presidenciales y los recursos de inconstitucionalidad no serían sospechosos en estos momentos, pero eso no sucede, mañana cuando los dictámenes de la Sala Constitucional se publiquen, nada impedirá una lectura política alejada de los intereses ciudadanos, como si la política no tuviera por fin último, el bien común.

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