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El Tribunal Supremo Electoral convocó el día 23 de septiembre de 2013 a elecciones presidenciales el 2 de febrero de 2014, tal cual estaba previsto desde el año pasado al divulgar su calendario de elecciones, no obstante desde hace meses los aspirantes a candidatos y sus partidos han realizado una “precampaña” sin ninguna restricción, condición que en este momento ha deteriorado muchas iniciativas ciudadanas por atribuirlas a partidos políticos en lugar de legítimas reivindicaciones populares.

Las consecuencias del adelanto de la campaña presidencial no oficial han provocado: opiniones irresponsables, versiones interesadas, erróneos argumentos de la visión nacional, graves infundios, descréditos, daños a la moral, llamados a “tomar un fusil”, presunciones de fraude, etc., muchos de estos elementos divulgados por diversos medios de comunicación social con resultado negativo en la opinión pública, ello debilita la credibilidad en la institucionalidad democrática y sus instrumentos jurídicos.

El clima electoral provoca distorsiones en todo nivel de la nación, mucho más si esta precampaña ha lanzado los indicios de un combate feroz entre personas y entre grupos de capitales que asumen intereses más allá del sistema democrático, de ahí el llamado a la mesura en los pronunciamientos públicos y la prudencia en los planteamiento de las propuestas genuinas, como dicen en Suramérica: “ya no queremos alfombras mágicas para castillos en el aire”.

Cuando un diputado afirmó que “tomaría un fusil”, sabía perfectamente el daño que puede causar, esto se demostró días después el 16 de septiembre en Estados Unidos de América, cuando Aarón Alexis con un fusil cometía un acto criminal en un astillero norteamericano, ese es el producto de una sola arma en manos de los insanos; otro pronunciamiento irresponsable es proclamar un “supuesto fraude” en el siguiente evento electoral; si unimos estos elementos: “tomar un fusil” y “fraude electoral” el resultado es predecible.

Depende de nosotros los ciudadanos que las cosas cambien, es inaceptable proclamar violencia y esperar un mundo de paz y amor, es inaceptable proclamar fraude electoral en estos momentos y mantener esa insidiosa proclama para culminar una crisis de gobernabilidad.

A partir del 23 de septiembre cumplimos el Art. 81 de la Constitución que dice: “La propagada electoral sólo se permitirá, aún sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida por la Ley para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República; dos meses antes, cuando se trate de Diputados y un mes antes en el caso de los Consejos Municipales…” con un poco de voluntad política, nos habríamos evitado esas proclamas que no ayudan en nada al modelo democrático que aspiramos. Si cumpliéramos la Ley, evitaríamos deteriorar la credibilidad de las instituciones democráticas, el daño al honor de los aspirantes a candidatos presidenciales y los recursos de inconstitucionalidad no serían sospechosos en estos momentos, pero eso no sucede, mañana cuando los dictámenes de la Sala Constitucional se publiquen, nada impedirá una lectura política alejada de los intereses ciudadanos, como si la política no tuviera por fin último, el bien común.

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El idioma del siglo XXI es el desarrollo de los pueblos en todas las áreas posibles, nuestra región centroamericana no es la excepción, mientras la infraestructura de comunicaciones nos une por modernas carreteras, la tecnología permite inversiones internacionales, el nivel educativo avanza hacia nuevas generaciones que aspiran a la paz en un clima social en democracia y estabilidad.

La respuesta al subdesarrollo es la educación, la integración política, económica, industrial, financiera, aduanal etc., para una región que suma más de cuarenta millones de habitantes, su mercado económico es extraordinario para cualquier capitalista mundial.

Centroamérica con un área de 522.760 km², que incluye a Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador, se ubica en un área estratégica continental por la vecindad de los océanos pacífico y atlántico, justamente en este nicho geográfico se encuentre el Canal de Panamá desde el siglo pasado.

Isla Conejo pertenece a El Salvador históricamente, su estratégica ubicación genera derechos marítimos, jurídicos etc., la posesión ilegal de nuestra isla, parece ser parte de un imaginario “Plan General de Guerra –Expansionista- de Honduras” para justificar sus gastos militares, además de exacerbar falsos nacionalismos y apoyar partidos políticos afines a estos planes en el marco de las elecciones generales de Honduras que se realizarán el domingo 24 de noviembre de 2013, en esa perspectiva la tensión aumentará en los próximos meses.

En un artículo de la Revista Envío Digital 125/Abril de 1992 se afirma: “Los militares hondureños, considerados los principales aliados regionales de Estados Unidos en la última década, se han convertido - según expresó recientemente el embajador norteamericano en Honduras Crescencio Arcos - en uno de los mayores obstáculos al desarrollo económico del país. El presupuesto militar de Honduras, se incrementó en un 108% a partir de 1980, hasta llegar a un total de 47 millones de dólares, representa actualmente el 33% del presupuesto nacional, cuarenta años después (Según Infodefensa.com) en el 2012 el presupuesto militar fue de $155 millones mientras en 2010  fue de $ 136,1 y 2011 de  $140,8; las referencias del caso indican que en los últimos once años el Gasto Militar de Honduras: “se disparó en $ 1,100 millones según (Centinela Económico 06ENE013) que el egreso monetario en defensa pasó en esos once años de un 0.7 por ciento a un 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país”…  

Parece que allá se prefiere gastar en armas y no combatir la pobreza del pueblo hondureño.

Mientras la sonda estadounidense Voyager 1 lanzada en 1977 sale del Sistema Solar convirtiéndose en el primer objeto humano que alcanza el espacio intersideral, nosotros no podemos salir de la amenaza militar de un ejército golpista que solo busca beneficio para su casta de oficiales. Deseamos la paz y es un buen momento para que, así como la Iglesia hondureña con el Cardenal Oscar Maradiaga se pronunció en defensa el Golpe de Estado, así con ese fervor debe pronunciarse por la paz y la justicia, para que Honduras abandone nuestra isla, sería un acto valiente que al menos Centroamérica agradecerá por la democracia y el derecho internacional. Así como el Voyager 1 sale del sistema solar, así queremos salir de la pobreza los pueblos centroamericanos.

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Aún no comienza la campaña electoral, pero ya existe: el llamado al voto por bandera, pancartas, mupis, volantes, murales, brigadas casa por casa, automóviles con equipos de sonidos etc… pero debemos recordar que esto es a paciencia de las autoridades que bajo la excusa que no existe ley, acá se puede lanzar cualquier infundio en los medios de comunicación al amparo del “lenguaje político”, eso significa que no incurre en causas penales como: difamación, daño al honor personal, opinión negativa para las familias,  daño moral a personas jurídicas o naturales, llamados a “tomar las armas” etc.

El lenguaje utilizado en diversos medios de comunicación es una espiral de infundios de toda clase, tal parece que la caracterización del enemigo ya no es rojo, sino de color naranjo, al igual que la recurrencia a elementos racistas del siglo pasado entre nacionalidad alemana y judía, solo que en este caso alemanes y árabes, de esta forma también se tipifican a los capitales de la nación: oligárquicos, nuevo capitalismo de derecha, capitales petroleros etc.

La palabra corrupción es utilizada a discreción por todos los partidos en contienda, el tiempo en ese sentido es esencial: “pasado, presente y futuro” ese tiempo ya tiene un apellido de acuerdo al instituto que publique los pronunciamientos, pero como toda cuestión política no alcanza para llegar a los tribunales, todo termina como decían en el pasado en una lucha de “sombrerazos”.

Las declaraciones de un diputado llaman la atención significativamente: “agarrar un fusil”, estas palabras divulgadas y aplaudidas en un foro nacional ante medios de comunicación, parecen ser un signo fundacional en el lenguaje político de posguerra; los motivos fueron un supuesto dictamen negativo a un candidato presidencial… ¿qué sucede si todos los partidos siguen el ejemplo?, entonces proclaman: ¿“agarrar el fusil”,  que solo es la antesala de muchas acciones que han propiciado acciones fanáticas y terroristas en otras naciones, tanto a nivel individual o social, pero todas esa manifestaciones están fuera de las leyes nacionales e internacionales, el resultado es horroroso, este lenguaje político debería ser proscrito de toda declaración propagandística o pública, puesto que su llamado no construye nada, ni siquiera dentro de sus propios intereses.

De pronto otra palabra usada como arma propagandística es petróleo, así Alba petróleo con sus derivados, son expuestos como signos peligrosos para la soberanía nacional, todo argumento a favor o en contra tiene un signo de partido, pero esta situación como lo hicimos notar al principio, se refiere al capitalismo, a lo mejor es una riña de capitales, parece ser un pleito de un nuevo capitalismo versus el antiguo modelo oligárquico.

El lenguaje usado como arma política, debe tener límites, de solo pensar en concentraciones populares “armadas” con políticos llamando a “agarrar un fusil” y por supuesto hacer uso de él, es catastrófico para todos, cuidado con estos argumentos, el Tribunal Supremo Electoral o la autoridad correspondiente debe actuar de oficio, porque como dicen los ancianos: “El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos”.

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¿Quién desea una guerra en Centroamérica? ¿A quién favorece un conflicto bélico entre pueblos hermanos?.

La Isla Conejo del Golfo de Fonseca pertenece a El Salvador desde hace siglos, su jurisdicción política y administrativa tiene reseñas en nuestros archivos nacionales, pero fue ocupada militarmente en años recientes en forma ilegal por el Ejército hondureño.

Es muy sintomático que este evento se profundice en estos momentos, parece un cálculo perverso para distraer la atención de los pueblos, una acción para exacerbar el nacionalismo y provocar un incidente de dimensiones insospechadas, ¿o será una iniciativa para justificar gastos militares durante los siguientes cinco o más años, como sucedió con los incidentes entre Honduras y Nicaragua en las décadas pasadas?, analistas internacionales indican el crecimiento armamentista del Ejército Hondureño, pero eso no ayuda al desarrollo de ninguna nación, mucho menos en momentos de crisis económica internacional.

Vivimos en tiempo de paz, la democracia es la bandera de nuestras naciones, no necesitamos incidentes que tengan repercusiones irreversibles en los procesos democráticos que tienden a consolidarse en estos momentos.

Una isla salvadoreña tomada ilegalmente fragmenta la unión centroamericana, a nadie beneficia esa acción, quizás al único poder que le interese este movimiento es a las fuerzas que no desean la democracia, que necesitan justificar gastos gigantescos para alimentar a la casta militar, quizás también a los que propiciaron el primer Golpe de Estado en el siglo XXI contra un gobierno democrático, quizás solo a ellos.

La historia de los conflictos regionales no es nueva, pero en estos momentos una escalada militar, sería catastrófica para Centroamérica, más para los pueblos que tienen grandes esperanzas en la paz, la democracia y el desarrollo del Golfo de Fonseca como una unidad y no como fragmentos de territorialidad.

Este no es un conflicto de límites, es una acción ilegal, que puede solucionarse por caminos diplomáticos a menos que se desee la Isla Conejo como  una moneda de cambio por las aguas territoriales del Golfo de Fonseca, lo cual complicaría el panorama en muchas décadas, mucho más si la opción de facto se toma como factor decisivo.

Reflexiono sobre el caso por el delicado panorama que acontece en la región, aún están frescos los recuerdos del conflicto limítrofe entre Honduras y Nicaragua, la historia nos muestra claras lecciones del camino a tomar, no obstante en cualquier caso a nadie beneficiará un conflicto de esta naturaleza.

Existen muchos escenarios posibles de este desafortunado incidente, el mejor de ellos es el retiro voluntario de la Isla Conejo, después de esa acción el abanico de posibilidades en tiempos de paz es extraordinario para el desarrollo del Golfo de Fonseca.

Me parece que el tiempo que dure este incidente es negativo para los proyectos multinacionales que se pueden iniciar en este período democrático, el idioma de los pueblos centroamericanos es el desarrollo no la guerra, las necesidades económicas de los pueblos  son enormes ¿qué caso tiene prolongar el subdesarrollo de las familias centroamericanas por aspiraciones territoriales ilegales que nos pueden condenar a la miseria los siguientes cincuenta años?

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El producto de esa campaña presidencial irregular es la desinformación nacional sobre los intereses de la Patria, si observamos las acciones al interior de la Corte Suprema de Justicia, con el tratamiento de líderes de opinión sobre el tema, además las instituciones religiosas pronunciándose al respecto y si agregamos el tema de seguridad como bandera política, sin dejar de lado el tema económico… el panorama se presenta similar a un mar de gritos imprudentes que se confunden con propuestas fuera de lugar, en otras palabras un marasmo en la iniciativa democrática.

Toda acción ciudadana es confundida con planteamientos políticos, todo genuino esfuerzo por solucionar los problemas es comprendido como una bandera partidaria con graves consecuencias para el futuro de la nación, puesto que la ciudadanía se divide a favor o en contra de cualquier proposición motivado por saturación mediática en lugar de la prudencia: jurídica, religiosa o política, así la opinión pública es inducida  bajo el principio que el “voto” es el final de esta realidad, pero resulta que este momento no es plebiscito, ni consulta popular, ni nada parecido.  Parece que se pretende acumular memoria positiva o negativa en relación a conflictos jurídicos, demandas de inconstitucionalidad, magistrados cuestionados políticamente, etc. olvidando que en este momento el ejercicio ciudadano del voto ni siquiera está en cuestión, que los problemas pueden extenderse más allá de ésta campaña presidencial no oficial, recordemos que ninguno de los llamados candidatos está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral.

El Tribunal Supremo Electoral fija la fecha de Convocatoria a Elecciones Presidenciales el 23 de Septiembre de 2013, en la actualidad las acciones de los partidos políticos contradicen esas normas; si la inscripción de Candidatos a Presidente y Vicepresidente es el 24 de septiembre de 2013, entonces las personas aspirantes por si solas, no pueden autodenominarse, serán acaso propuestas de ciudadanos “solicitantes a nominación”, que deberán cumplir los requisitos del TSE, luego realizar la campaña correspondiente, pero eso es letra muerta.

Aceptemos que la Ley Electoral tiene un vacío tremendo en este momento, que la campaña presidencial no oficial, se desarrolla sin ningún impedimento, ni Ley alguna que controle este ejercicio, pero los resultados en este momento son graves, por ejemplo: el recurso de inconstitucionalidad contra el candidato Elías Antonio Saca, presentada el 16 de agosto, es interpretada a conveniencia de los institutos políticos, ¿caso un ciudadano no puede poseer iniciativa?... ese es el producto de esta campaña presidencial no oficial, una lectura a “conveniencia de las partes”. Consideremos un escenario a futuro, La Sala de Constitucional resuelve  a favor de la inconstitucionalidad… ¿qué interpretación tendrán las partes?, y pensemos en conflicto de las Salas de la Corte Suprema,  tendríamos un escenario complicado por el clima de opiniones crispadas.

El resultado se corrompe por las diversas lecturas de una realidad posible,  debido a las respuestas emotivas o instrumentalizadas por los medios de comunicación.

Por estas razones el llamado a la prudencia es necesario, en algunos puntos de colisión de principios no se debe buscar la “supremacía” de una tesis, sino el precedente histórico que beneficie a la nación y no a sectores interesados.

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La triste noticia de la muerte del ex director de la Biblioteca Gallardo, Sr. Miguel Ángel Gallardo Larios nos llena de pesar, debido a su trayectoria que refiere el quehacer nacional en la rama del acervo cultural, ese sitio donde se reproduce el conocimiento nacional e internacional.

Hace años que las denuncias ciudadanas sobre el incremento de la violencia son el pan de todos los días, con mucho dolor observamos este clima que golpea a las personas honradas, trabajadoras, estudiantes, pueblo en general, ¿hasta dónde llegará la violencia irracional?, no lo sabemos pero podemos presumir que hasta el momento en que la supervivencia de la sociedad este en juego, ellos significa varios niveles, puesto que parece que la clase política, el poder económico, las jerarquías institucionales no sienten el peligro en sus residencias, no obstante el daño contra las clases pobre es significativo.

¿Qué hacemos después de quejarnos?.

EL tiempo de espera se agota, ¿los ciudadanos se verán obligados a portar armas de autodefensa como en Estados Unidos de América? ¿repetiremos las escenas del antiguo Oeste? ¿contrataremos seguridad personal para asistir a restaurantes? ¿dejaremos de asistir a los centros comerciales y toda actividad será restringida a casas familiares?... es absurdo.

Desconocemos las circunstancias de este suceso lamentable, pero en cualquier caso ningún ciudadano merece morir a manos de hombres armados en un restaurante, ni tampoco ningún ciudadano indefenso debe sufrir las consecuencias de estas bandas al servicio del dinero o el poder satánico que solo desea destruir a las personas honradas de esta nación.

Los mares de tinta impresos durante años no son suficientes para contener la violencia en nuestra nación, ¿a qué poder debemos invocar? ¿qué recurso utilizar? ¿cuándo pasaremos de la actitud defensiva a la ofensiva?.

Los ciudadanos necesitamos resultados: ¿dónde están los fiscales que defienden al pueblo? ¿en qué etapa se encuentra la ley de extinción de bienes a las agrupaciones ilícitas?  ¿las escuchas telefónicas funcionan o no?,  parece que por el momento todo esto zozobra, deseamos que nos expongan: ¿cuántos crímenes se han prevenido con ese sistema? ¿es necesario ampliarlo hasta el último nivel de sospechosos? ¿internacionalizar nuestro modelo policial con ayuda de Estados Unidos? Nada mal para nuestra postración civil.

Juan Pueblo que a diario toma un autobús en el centro de la ciudad, tiene historias dramáticas, habla de la inseguridad a su familia, de la exposición de la clase trabajadora, debido a que en estos momentos la seguridad solo protege al poder.

Periódicamente se informa de cateos en los centros penales, se descubren decenas de celulares, laptop, armas etc., ¿por qué no se desactivan las antenas que permiten esos ilícitos?  ¿qué defienden las empresas telefónicas con ese  tráfico telefónico criminal? ¿acaso solo sus intereses dinerarios, pero promueve el crimen social?... un jefe policial brasileño afirmó en su momento: “un celular en una cárcel es más peligroso que 10 fusiles AK 47 en las calles de Río de Janeiro”. No dudo de esa afirmación cuando en nuestra ciudad la tecnología está al servicio de los delincuentes.

Las palabras no pueden encerrar el pesar de nuestra sociedad por tanto luto social, asesinar a la cultura es similar a proclamar la supresión de todo estado de derecho ciudadano, un suicidio nacional, no debemos caer en la desesperación, pero las autoridades deben actuar… ahora.

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